Hasta la ministra Miceli sigue de cerca la crisis de la Justicia Federal

Sólo un hecho puede competir en importancia institucional con la reunión que mantuvieron las cabezas de los tres poderes con el arzobispo Luis Villalba: la situación de la Justicia Federal. El lunes, 17 testigos comenzarán a declarar en la Capital Federal, ante el Jurado de Enjuiciamiento (JE), en la etapa fundamental del proceso de destitución que le siguen al juez federal Felipe Terán, algo que no tiene precedentes en Tucumán.
Lo que se diga a 1.200 kilómetros -quién y cómo- repicará en los pasillos del palacio de Las Piedras al 400, cuyas paredes tendrán, metafóricamente hablando -claro-, más oídos que nunca. Durante tres días, en un maratón procesal y lejos de los fríos expedientes, desfilará gente (casi todos abogados) acostumbrada a preguntar, que experimentará la intimidante situación de ser interrogada; si no que le consulten al otro juez, Jorge Parache, que concretó un estresante descargo de dos horas y cuarto -por el mismo motivo que Terán- en el Consejo de la Magistratura.
Por su comprometida posición, Terán, por medio de su defensor, el procesalista Francisco J. D’albora (h), estará obligado a jugar a fondo. Aunque hizo del sortear inconvenientes casi un estilo, es probable que jamás haya sentido, como ahora, que puede tener un pie fuera de la magistratura y que, para colmo, una investigación penal lo espera por si logra zafar del proceso de remoción. A lo mejor, en pleno desarrollo de las audiencias en Buenos Aires, se enteran si Mario Racedo, que reemplaza provisoriamente a Terán, decide citar a este último para que declare como imputado.
Esto, que sería explotado por la acusación, podría producir un efecto letal, más allá de desmoralizante, teniendo en cuenta que al JE lo encabeza Eugenio Zaffaroni, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este, como buen penalista, según dicen, se preocupa al máximo por garantizar el derecho de defensa y, aunque los mecanismos de destitución tienen una naturaleza político-institucional (en ellos hay que acreditar un mal desempeño, no un delito), suele prestarle mucha atención al grado de avance de los procesos penales cuando acompañan a los primeros.
Desde esta óptica, a Terán lo favoreció la cadena de excusaciones que hubo entre los secretarios de los dos juzgados -esto demoró más de 20 días las actuaciones-, ninguno de los cuales parecía querer arriesgarse a actuar en la causa penal. Tampoco les hizo gracia a los funcionarios de la Cámara de Apelaciones (finalmente intervino uno de ellos), razón por la que hubo consultas a la Cámara Nacional de Apelaciones (no autorizó a Rogelio Rodríguez del Busto, secretario electoral) y hasta a alguna ministra de la Corte de la Nación.  

Una posibilidad cierta
Seguramente, Terán tratará de probar que, frente a las acciones de tenedores de títulos públicos pesificados por el default, procedía de la misma manera que su par (Parache) e igual que frente a las demandadas de ahorristas, cuyos depósitos quedaron atrapados en el corralito, equiparando adrede ambas situaciones. Tendrá que demostrar por qué las medidas cautelares que dictaba a favor de los demandantes y en contra del Estado no especificaban las cifras en bonos respecto de las cuales el erario debía abstenerse de pesificar los títulos o respetar la moneda de origen (dólares). Una posibilidad cierta es que embista contra la Cámara Federal (contra algunos de sus vocales) por entender que, en un primer momento, confirmaba las cautelares y, luego de que trascendió la causa Borquez, pasó a revocarlas.
Otro testimonio que no pasará inadvertido será el del ex subsecretario legal del Ministerio de Economía, Osvaldo Siseles, también imputado en la causa penal. Las actuales autoridades de esa cartera, incluida la ministra Felisa Miceli, están muy interesadas en lo que pasa aquí -así lo hizo saber una emisaria que la semana pasada estuvo en Las Piedras al 400-, en particular con Siseles, por sus nexos con el ex ministro Roberto Lavagna, enemigo del kirchnerismo. Este caso, al parecer, da incluso para el eventual cobro de facturas políticas.