Cartas de lectores

DESIGNACIONES
El tema de la designación de los jueces se convirtió en una estéril polémica pública entre el Poder Ejecutivo provincial y el Colegio de Abogados. Esto surge con evidencia por imposición de nuestra Constitución nacional, que dispone que el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) debe estar integrado con mayoría política. Así quedó plasmado en la reciente reforma de nuestra Constitución provincial, por lo que, por aplicación del principio constitucional de la preeminencia de la Carta Magna nacional sobre la provincial, el CAM resulta legítimamente constitucional (art. 31 C.N.). Ahora bien, no resultan para nada uniformes los requisitos legales exigidos para desempeñarse como juez que los propios para el gobernador o para el legislador. Para la magistratura judicial se debe contar con un título universitario habilitante (abogado), en tanto que para la magistratura política, la ley ni tan siquiera pide un título secundario. Así las cosas, es del caso recordar que nuestra Constitución nacional fue sancionada y aprobada a “libro cerrado en 1853” con aquella cláusula congénitamente polémica que disponía, y aún dispone, la designación política de los jueces con los magros resultados jurídicos a la vista. En definitiva, el CAM debería estar integrado a más del poder político por los estamentos universitarios, por las ONG y por las intermedias (colegios de abogados, de procuradores, de escribanos, de ingenieros, de médicos, etcétera). Es decir, tal cual lo disponía la Constitución Nacional de 1994 y que, lamentablemente, en 2005 pasado fue dejada de lado por una ley nacional que anacrónicamente volvió el sistema de la designación de los jueces -a libro cerrado- de 1853, es decir a la reedición de una caricatura jurídica en directo desmedro del sagrado valor de la Justicia.



PEREGRINACION
Soy maestra jubilada. Como muchas, he trabajado en dos establecimientos. En 1987 me jubilé en uno de ellos y comencé a cobrar la mitad de mis aportes. En 1995 me jubilé en el segundo establecimiento, y -transferencia a la Nación de por medio- desde entonces peregrino del Instituto a la Anses, de la Anses al Instituto, sin lograr la ampliación jubilatoria, a fin de cobrar la otra mitad de mis aportes. Salvo contadas excepciones (algún contador o secretario que me escucharon), esta es otra muestra del desamparo a que nos somete a diario el poder estatal o burocrático. Y mi situación se torna desesperada. ¿Hay alguien que pueda hacer algo?



ASUNT
Quiero denunciar un hecho que considero gravísimo y que las autoridades de Asunt deben aclarar, a fin de dar tranquilidad a sus afiliados. El pasado 12/8, Lucía Paz de Seu, afiliada Nº 3709/1, sufrió una hiperglucemia, por lo que debió ser asistida  por el servicio de emergencia que posee la obra social. El médico dispuso su internación inmediata, por lo que fue trasladada a un sanatorio, en donde no la pudieron internar, argumentando que no había cama. Esta odisea no terminó allí. Su familia recorrió 10 sanatorios y en ninguno la quisieron internar. Luego de dos horas de deambular en la ambulancia, la paciente fue internada en terapia intensiva del hospital Centro de Salud. Este hecho que relato debe llamar la atención de los afiliados a la obra social. La afiliada de Seu, durante dos horas, no recibió la atención médica que precisaba. Esta situación debe aclararse. Clínica y Sanatorio, que presta el servicio a los afiliados de Asunt, debe informar qué es lo que realmente pasó, y por qué no se brindó a la afiliada el servicio por el que la obra social abona puntualmente, como lo señaló el titular de la obra social cuando le planteé la situación. Hechos como estos no deben ocurrir nunca más y los responsables tienen que ser sancionados.


REMUNERACIONES
Comparto plenamente los conceptos del lector Angel R. Salguero (carta del 18/9) sobre las remuneraciones. Vulneran flagrantemente el Preámbulo y el artículo 5º de la Constitución provincial sancionada recientemente toda vez que habla, por ejemplo, de la justicia social y del bien común. Conceptos totalmente ausentes y discriminatorios del resto de la población laboral en su conjunto. ¿Por qué tanta diferencia, hiriente y agresiva, en las remuneraciones de todos los demás estamentos de la sociedad? ¿Acaso no somos todos iguales ante la ley? Es una triste realidad que configura dolor, abatimiento moral, etcétera, para los que sufren -que son todos- y para los privilegiados -que son muchos-, la burla humillante y despreciativa que bajan los niveles del respeto y de la consideración pública.



INGENIOS
Shockea al más templado aquello de que se queme en las calderas de los ingenios los desechos primarios y lo que queda de la cosecha en verde de la caña. La factibilidad de hacerlo proviene del secretario de Energía de la Nación y se puede justificar, no así que lo admitan los dueños o responsables de los ingenios o los técnicos de la Eeaoc. En una fábrica azucarera el trapiche ocupa el primer lugar en importancia, en el que se separa de la caña su contenido de jugo; queda como residuo el bagazo, que pasa a ser el combustible por excelencia de las calderas. El mal bagazo obligó a construir instalaciones accesorias para mejorar la combustión, como así también equipos inyectores de combustibles alternativos, petróleo, gas, gasoil, etcétera. Esto hace posible la producción de vapor con el que se mueven las máquinas del trapiche, las turbinas generadoras de energía eléctrica de la usina y el resto del proceso de fabricación del azúcar. Alterar este orden al sugerir mejoras en las calderas y en las usinas, olvidándose del trapiche, es ir al fracaso, por lo que hay que llevar el valor “eficiencia de molienda” a cifras óptimas. Lo demás viene por añadidura, como, por ejemplo, no comprar más combustibles, ni pagar facturas eléctricas abultadas. En cuanto a los desechos de la cosecha de la caña, habrá que incorporarlos al suelo, tal como se viene haciendo en prácticas centenarias, o acordonarlos convenientemente para una quema técnica.



A MEDIO CONSTRUIR
Los padres de los alumnos de EGB 3 de la Escuela Nº 276 de San José de Macomita, de Burruyacu, le pedimos al Gobierno que termine la construcción de las aulas que están paralizadas desde abril de 2004. Así las dejó el comisionado rural de El Chañar. A la directora, cansada de realizar los trámites para encontrar al responsable, le dijeron que ya no pertenecía a El Chañar sino a la Secretaría del Interior. En esas oficinas se hicieron también las gestiones y de allí la mandaron a la Casa de Gobierno. Y así se culpan entre uno y otro. Se están dictando clases en el comedor de la escuela, dividido por una pared de machimbre. Los alumnos están amontonados; es una lástima que no se aproveche la infraestructura. Todos los días escuchamos que se inauguran obras en escuelas. Gobernador, le pedimos que solucione este pedido tan ansiado por nuestros hijos.