Comprometida inteligencia del Estado

La SIDE -ahora SI, de acuerdo con la ley 25.520/12/2001, sobre el sistema de inteligencia del Estado- es probablemente el organismo nacional más desprestigiado entre la ciudadanía, en la medida que tradicionalmente se lo ha relacionado con operaciones non sanctas de los gobiernos de turno.
La más reciente oportunidad ha sido la filtración de sus archivos secretos del caso del diputado opositor lavagnista Juan José Alvarez, y el escándalo más ruidoso se produjo durante la administración de la Alianza, por el uso de fondos reservados a su cargo para financiar sobornos de senadores.
Pero no sólo la SIDE o SI debe cargar con esa imagen sino también, en la medida adecuada, los responsables del  control legal de sus actividades y recursos, que son el presidente de la Nación, de quien depende, y la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, de ambas cámaras del Congreso.
En el primer testimonio, a propósito de la filtración sobre el diputado Alvarez, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha sostenido que el Gobierno nada tuvo que ver, lo cual planteó de inmediato la necesidad de que el Presidente disponga una investigación, también secreta. En cuanto a la comisión parlamentaria, corresponde señalar que la reserva impuesta a sus tareas, si bien lógicas por su naturaleza, requiere algunas observaciones que forzosamente las descalifican.
Presidida por la diputada tucumana del Frente para la Victoria, Stella Maris Córdoba, dicha comisión bicameral es integrada por 14 miembros, de los cuales ocho pertenecen al oficialismo nacional, además de su presidenta.
Es por ello que, en atención a la índole de sus funciones, una semana antes de tomar estado público el caso de Alvarez, el representante radical opositor solicitó la presidencia de la comisión, consideración que fue denegada.
Dada la gravedad de la situación planteada por la revelación ilegal de alguna  fuente de la SIDE, todas las circunstancias consecuentes están demostrando que el máximo organismo de inteligencia carece de controles confiables y que se desenvuelve en un círculo cerrado de intereses políticos.
No se trataría, pues, del sistema legal y reglamentario que lo regula y controla, sino de la situación irregular que provocan las autoridades de aplicación. El Congreso, en ese orden, acumula una referencia más de sometimiento a la voluntad del Poder Ejecutivo, que  devalúa su rol constitucional de control republicano.
Algo que precisamente coincide con la denuncia que investiga el fiscal federal Federico Delgado sobre presunta falsedad de datos en actas de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
De la SIDE depende no sólo la seguridad nacional mediante la información preventiva necesaria, sino que también es cabecera de la inteligencia castrense, lo cual exige una categoría específica de su personal asegurada mediante políticas de Estado. Esta exigencia no parece preocupar lo necesario, pues cada vez que rotan los gobiernos, numeroso personal contratado asume responsabilidades en el organismo sin las condiciones exigibles por su misión específica.
Seguramente que nada de eso ocurriría si la comisión bicameral fuese un organismo de control parlamentario confiable, como representante de la ciudadanía, y no de los intereses que tratan de disimular actividades de política sucia como los mencionados, valiéndose del razonable secreto impuesto por la ley de inteligencia a sus actividades.