19 Septiembre 2006 Seguir en 
En estos días, se desarrolla la Expo 2006 de Tucumán. Visitada por miles de personas de todos los sectores de la sociedad, se trata de un acontecimiento de acreditada tradición. Lleva ya 41 ediciones, y cada año se le agregan nuevos elementos, que potencian su atractivo de un modo notorio. Nadie puede dudar, así, que la Expo constituye una muestra ampliamente reveladora de las posibilidades tucumanas en materia de producción agrícola, ganadera, industrial, comercial y de servicios.
Al acto de inauguración, efectuado el sábado, no asistieron el gobernador de la Provincia ni el vicegobernador. Esas ausencias -similares a las del jefe del Ejecutivo nacional en la muestra rural de Buenos Aires- resultan tan inadecuadas como poco convenientes. Esto porque el Estado debe mantenerse siempre atento a todo lo que represente la producción del territorio que gobierna. En ella está la clave de ese desarrollo que se proclama como la meta más deseable y sin el cual no es posible el bienestar de la población. Por eso es que una muestra del potencial productivo no puede sino estar, en toda circunstancia, avalada por las autoridades, y resulta llamativo que no se lo exprese así.
Si las ausencias se deben al propósito de no escuchar discursos de crítica, tal tesitura parece igualmente equivocada. Quienes ejercen el poder deben acostumbrarse a que, junto con las satisfacciones que tal ejercicio depara, existe siempre la posibilidad de que se expresen objeciones y desacuerdos. El gobernante tiene el deber de escucharlos como algo normal, y es sensato que los incorpore a sus puntos de vista, como elementos útiles para mantenerse en el rumbo, o para practicar rectificaciones en él. Así es la democracia.
En el acto del sábado, la Sociedad Rural de Tucumán hizo oír sus objeciones respecto de la política estatal sobre el campo, por boca de su presidente. Son conocidas, ya que los productores las han expuesto en numerosas ocasiones estos últimos meses, en todo el territorio nacional. Les preocupan, fundamentalmente, la presión impositiva que deben soportar y las perspectivas de inconvenientes energéticos para su sector. Si el campo contribuye con el 36% del total de empleo registrado en la Argentina, y si es de origen agroindustrial el 60 % de las divisas que ingresan, queda clara la necesidad de que estos reclamos sean tenidos en cuenta.
El dirigente ruralista remarcó que Tucumán es una de las provincias con mayor índice de presión fiscal y, dijo, “no estamos lejos de llegar al primer lugar”. Deploró que no se hayan tenido en cuenta las observaciones hechas al Código Tributario desde el primer borrador y dijo que desde comienzos de año están formulando planteos respecto de los regímenes de Ingresos Brutos en los granos. Reclamó también mejores vías de comunicación, así como un sistema ferroviario nacional que los contenga. Al mismo tiempo, postuló un “diálogo permanente” con las autoridades como única manera de que puedan encararse proyectos conjuntos.
Nos parece que suenan atendibles las puntualizaciones expresadas durante la inauguración oficial de la Expo 2006.
El sector productivo, por la trascendencia de su rol, merece poder manejarse en un marco de condiciones que posibiliten su crecimiento, su rentabilidad y el bienestar de quienes trabajan en tales ámbitos. Corresponde que el Estado acoja sus reclamos y, por medio del diálogo, se examinen las posibilidades de satisfacerlos. Es lo menos que puede pedir, últimamente, una actividad creadora de riqueza, tanto en nuestro Tucumán como en cualquier punto de la Argentina.
Al acto de inauguración, efectuado el sábado, no asistieron el gobernador de la Provincia ni el vicegobernador. Esas ausencias -similares a las del jefe del Ejecutivo nacional en la muestra rural de Buenos Aires- resultan tan inadecuadas como poco convenientes. Esto porque el Estado debe mantenerse siempre atento a todo lo que represente la producción del territorio que gobierna. En ella está la clave de ese desarrollo que se proclama como la meta más deseable y sin el cual no es posible el bienestar de la población. Por eso es que una muestra del potencial productivo no puede sino estar, en toda circunstancia, avalada por las autoridades, y resulta llamativo que no se lo exprese así.
Si las ausencias se deben al propósito de no escuchar discursos de crítica, tal tesitura parece igualmente equivocada. Quienes ejercen el poder deben acostumbrarse a que, junto con las satisfacciones que tal ejercicio depara, existe siempre la posibilidad de que se expresen objeciones y desacuerdos. El gobernante tiene el deber de escucharlos como algo normal, y es sensato que los incorpore a sus puntos de vista, como elementos útiles para mantenerse en el rumbo, o para practicar rectificaciones en él. Así es la democracia.
En el acto del sábado, la Sociedad Rural de Tucumán hizo oír sus objeciones respecto de la política estatal sobre el campo, por boca de su presidente. Son conocidas, ya que los productores las han expuesto en numerosas ocasiones estos últimos meses, en todo el territorio nacional. Les preocupan, fundamentalmente, la presión impositiva que deben soportar y las perspectivas de inconvenientes energéticos para su sector. Si el campo contribuye con el 36% del total de empleo registrado en la Argentina, y si es de origen agroindustrial el 60 % de las divisas que ingresan, queda clara la necesidad de que estos reclamos sean tenidos en cuenta.
El dirigente ruralista remarcó que Tucumán es una de las provincias con mayor índice de presión fiscal y, dijo, “no estamos lejos de llegar al primer lugar”. Deploró que no se hayan tenido en cuenta las observaciones hechas al Código Tributario desde el primer borrador y dijo que desde comienzos de año están formulando planteos respecto de los regímenes de Ingresos Brutos en los granos. Reclamó también mejores vías de comunicación, así como un sistema ferroviario nacional que los contenga. Al mismo tiempo, postuló un “diálogo permanente” con las autoridades como única manera de que puedan encararse proyectos conjuntos.
Nos parece que suenan atendibles las puntualizaciones expresadas durante la inauguración oficial de la Expo 2006.
El sector productivo, por la trascendencia de su rol, merece poder manejarse en un marco de condiciones que posibiliten su crecimiento, su rentabilidad y el bienestar de quienes trabajan en tales ámbitos. Corresponde que el Estado acoja sus reclamos y, por medio del diálogo, se examinen las posibilidades de satisfacerlos. Es lo menos que puede pedir, últimamente, una actividad creadora de riqueza, tanto en nuestro Tucumán como en cualquier punto de la Argentina.







