17 Septiembre 2006 Seguir en 
La permanencia de monseñor Antonio Baseotto como obispo castrense, a quien el presidente Néstor Kirchner desconoció toda autoridad en marzo de 2005, provoca dolores de cabeza al Gobierno, que no encuentra el artilugio legal para que el prelado deje la actividad pastoral. Los intentos por desplazarlo -que voceros eclesiásticos dijeron interpretar como “casi una obsesión” de la Casa Rosada- generaron fricciones con la Santa Sede y pusieron el diálogo con el Episcopado en una equidistante instancia institucional.
Esa sensibilidad con el accionar de monseñor Baseotto -que hombres de Iglesia atribuyen a la Casa Rosada- también tensó recientemente las relaciones diplomáticas con el reino de España, por un hecho que Madrid evaluó como “un complejo error burocrático”.
El embajador español en Buenos Aires, Carmelo Angulo Barturen, invitó al obispo castrense a un acto por el Día del Ejército en la sede diplomática y, de inmediato, el gobierno pidió su remoción del cargo. El episodio ocurrió en mayo, pero trascendió recién ahora, mientras se espera que el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero designe a un nuevo delegado para la representación ibérica, dos años antes de los cuatro de práctica que establece la política internacional.
No obstante aceptar el pedido argentino, la sede diplomática española tomó distancia del convite que hizo que la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al prelado militar cuestionado compartieran un mismo espacio. “¿A quién se le puede ocurrir -preguntaron allegados al embajador- que Angulo Barturen o el gobierno de Rodríguez Zapatero tengan alguna afinidad con un personaje como Baseotto?”.
Pero no es la primera vez que actividades “pastorales” de monseñor Baseotto, que el Episcopado ni restringe ni apoya, conllevan una reacción del presidente Kirchner y su entorno.
En agosto, el Gobierno aplicó sanciones disciplinarias a integrantes la cúpula de Gendarmería que permitieron a una banda de música de la fuerza participar de una procesión en Luján que convocó un grupo católico considerado ultraconservador y que culminó con una misa presidida por el obispo castrense. También hizo gestiones para saber quiénes participaron de una misa en la catedral Stella Maris, donde monseñor Baseotto reivindicó la Gesta de Malvinas, en una homilía que el Gobierno calificó de “una provocación”.
Desde que el prelado militar utilizó una alegoría evangélica -que habla de tirar al mar a quienes escandalicen a los niños- para criticar la política sanitaria a cargo del ministro Ginés González García, el Gobierno propuso a la Santa Sede al menos tres opciones para que Baseotto se vaya anticipadamente a cuarteles de invierno. En todos los casos, chocaron con la letra fina del Código Derecho Canónico y del Concordato que establece las relaciones bilaterales desde 1957.
En setiembre, el Gobierno rechazó un ofrecimiento del Vaticano para nombrar un obispo coadjutor con derecho a suceder a Baseotto recién cuando renuncie. Primó entonces la negativa de Cristina Fernández que opinó que el caso demandaba tener un obispo con plenas facultades y no uno que acompañe a Baseotto.
Tampoco prosperó la idea de cerrar el obispado castrense o darle otro marco jurídico a las capellanías militares, al permitir el ingreso a los cuarteles de rabinos y pastores.
Ahora el Gobierno espera -dijeron fuentes oficiosas- que la llegada a la Secretaría de Estado del cardenal Tarcisio Bertone, que prometió cambios en la curia romana, aporte otro aire a las relaciones diplomáticas.
Esa sensibilidad con el accionar de monseñor Baseotto -que hombres de Iglesia atribuyen a la Casa Rosada- también tensó recientemente las relaciones diplomáticas con el reino de España, por un hecho que Madrid evaluó como “un complejo error burocrático”.
El embajador español en Buenos Aires, Carmelo Angulo Barturen, invitó al obispo castrense a un acto por el Día del Ejército en la sede diplomática y, de inmediato, el gobierno pidió su remoción del cargo. El episodio ocurrió en mayo, pero trascendió recién ahora, mientras se espera que el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero designe a un nuevo delegado para la representación ibérica, dos años antes de los cuatro de práctica que establece la política internacional.
No obstante aceptar el pedido argentino, la sede diplomática española tomó distancia del convite que hizo que la ministra de Defensa, Nilda Garré, y al prelado militar cuestionado compartieran un mismo espacio. “¿A quién se le puede ocurrir -preguntaron allegados al embajador- que Angulo Barturen o el gobierno de Rodríguez Zapatero tengan alguna afinidad con un personaje como Baseotto?”.
Pero no es la primera vez que actividades “pastorales” de monseñor Baseotto, que el Episcopado ni restringe ni apoya, conllevan una reacción del presidente Kirchner y su entorno.
En agosto, el Gobierno aplicó sanciones disciplinarias a integrantes la cúpula de Gendarmería que permitieron a una banda de música de la fuerza participar de una procesión en Luján que convocó un grupo católico considerado ultraconservador y que culminó con una misa presidida por el obispo castrense. También hizo gestiones para saber quiénes participaron de una misa en la catedral Stella Maris, donde monseñor Baseotto reivindicó la Gesta de Malvinas, en una homilía que el Gobierno calificó de “una provocación”.
Desde que el prelado militar utilizó una alegoría evangélica -que habla de tirar al mar a quienes escandalicen a los niños- para criticar la política sanitaria a cargo del ministro Ginés González García, el Gobierno propuso a la Santa Sede al menos tres opciones para que Baseotto se vaya anticipadamente a cuarteles de invierno. En todos los casos, chocaron con la letra fina del Código Derecho Canónico y del Concordato que establece las relaciones bilaterales desde 1957.
En setiembre, el Gobierno rechazó un ofrecimiento del Vaticano para nombrar un obispo coadjutor con derecho a suceder a Baseotto recién cuando renuncie. Primó entonces la negativa de Cristina Fernández que opinó que el caso demandaba tener un obispo con plenas facultades y no uno que acompañe a Baseotto.
Tampoco prosperó la idea de cerrar el obispado castrense o darle otro marco jurídico a las capellanías militares, al permitir el ingreso a los cuarteles de rabinos y pastores.
Ahora el Gobierno espera -dijeron fuentes oficiosas- que la llegada a la Secretaría de Estado del cardenal Tarcisio Bertone, que prometió cambios en la curia romana, aporte otro aire a las relaciones diplomáticas.







