La ilegalidad atenta contra la seguridad

Sentirse seguro implica estar exento y libre de todo peligro, daño o riesgo. En toda comunidad organizada hay organismos cuyo fin es velar por la seguridad de los ciudadanos. Para ello se elaboran normas y leyes, y su éxito siempre depende de su aplicación rigurosa y de su acatamiento. En algunos países, la seguridad ha llegado a ser una obsesión, especialmente en aquellas naciones que temen atentados terroristas. A raíz del supuesto intento de complot en Londres que, según Scotland Yard, consistía en introducir explosivos líquidos en los aviones, en equipajes de mano para luego hacerlos detonar en vuelo, el gobierno británico dispuso medidas extremas que prohíben ingresar en una nave con líquidos -botellas de gaseosas, agua mineral- y artefactos electrónicos, entre otros objetos. Una de las víctimas famosas que padeció el rigor de la seguridad fue la escritora británica J.K. Rowling. La novelista fue detenida el jueves pasado, antes de abordar un avión en los Estados Unidos con destino a Gran Bretaña, porque se negó a dejar fuera de su equipaje de mano el manuscrito del último libro de la saga de "Harry Potter", valuado en varios millones de dólares.
Mientras la necesidad de vivir más protegido de los peligros se profundiza en otros lugares con medidas de control, en Tucumán sucede todo lo contrario. En la sesión del 3 de agosto pasado, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó una norma que concede mayores facilidades a los taxistas y remiseros ilegales para poder ingresar en el Servicio Unico de Transporte Público de Pasajeros (Sutrappa). La ordenanza permitirá que circulen legalmente, por lo menos, 830 autos de alquiler de más de 14 años de antigüedad. Cuando se aprobó el Sutrappa, a fines de marzo, se dijo que el sistema era incompatible con la Ley Nacional de Tránsito, que establece 10 años de antigüedad para el transporte de pasajeros. A tres meses de la puesta en funcionamiento del nuevo sistema, siguen circulando autos en estado deplorable. La mayoría de los vehículos carece de mantenimiento, lo que significa un riesgo para la vida de las personas.
A pesar de los severos cuestionamientos de algunos legisladores de la oposición, el martes 5 de setiembre el oficialismo parlamentario logró imponer una ley que permite que trabajen como "autos rurales compartidos" los vehículos que logren pasar un examen mecánico, independientemente de la antigüedad que tengan.
La tragedia de El Totoral, ocurrida hace cuatro años, que se llevó a la muerte a 49 personas que regresaban de Catamarca en un ómnibus que carecía de verificación técnica y de habilitación oficial, y que circulaba con exceso de pasajeros (70), no sirvió demasiado para que se endurecieran los controles y las penalidades. Se calcula que son alrededor de 300 los colectivos viejos e ilegales que circulan a diario por rutas del interior tucumano e incluso realizan viajes a provincias vecinas.
Con el argumento repetido de que los ilegales necesitan trabajar, una buena parte de nuestros representantes aprueban normas que atentan contra la seguridad de sus comprovincianos, al exponerlos a viajar en vehículos que no están en condiciones o que carecen de mantenimientos desde hace años. Nadie se opone, por cierto, a que los tucumanos trabajen, pero que deben hacerlo en el marco de la ley, como sucede con los profesionales, con los comerciantes y con los cultores de otros oficios. Es inadmisible que nuestros gobernantes cedan a las presiones de estos sectores que cortan a menudo las rutas y exigen desde la ilegalidad la flexibilidad de las normas. La seguridad sólo se logra con la aplicación rigurosa de las leyes y con su acatamiento.