Siguen las noticias desfavorables para los dos jueces federales

Siguen atados por un curioso cordón umbilical. Desde hace dos semanas, los jueces federales Felipe Terán y Jorge Parache no hacen más que recibir noticias desfavorables en la cuestión de las causas vinculadas a reclamos contra el Estado nacional por títulos públicos pesificados luego del "default" de 2001. Esto tiene en zozobra al edificio de Las Piedras al 400 desde hace más de un año.
Lo sucedido podría comprometer aún más la ya delicada situación de Terán, porque dentro de 19 días, con la declaración de los testigos, comenzará verdaderamente el proceso de destitución que le siguen ante el Jurado de Enjuiciamiento (JE) de la Nación.
Parache, en cambio, en este jaleo, tuvo la suerte de tenerlo a Terán delante, acaparando toda la atención. Debiera agradecerle. El cansino sumario que instruyen en su contra en el Consejo de la Magistratura (CM), antesala del proceso ante el JE en muchos casos, siempre estuvo a la sombra del de Terán, aunque comenzaron formalmente en idéntica fecha (el 29 de noviembre de 2005). Y en junio, cuando parecía que -por fin- iba a cobrar impulso, otra vez, la suspensión de Terán -dispuesta por el CM-, para que el JE decidiera si corresponde removerlo, planchó las actuaciones. Al instructor, el senador Nicolás Fernández, curiosamente, siempre le falta librar un oficio o recibir un informe para acumular toda la documentación y poder citar nuevamente a Parache para que complete su descargo, pendiente desde hace casi cuatro meses. El procedimiento contra Terán ingresará en la fase decisiva y, llamativamente, Parache aún no terminó de concretar su defensa.

Sin precedentes
La primera mala noticia provino del fiscal federal Carlos Brito. Este, en un requerimiento sin precedentes en Tucumán, pidió que Terán sea citado a declarar como imputado por ser presunto partícipe de una supuesta tentativa de defraudación contra el fisco. Terán dictó contra el Estado -y a favor de Yolanda Borquez- una medida cautelar, pero no precisó (con cifras) los títulos de la demandante respecto de los cuales el erario no debía practicar la pesificación (implicaba devolver a un cambio de $ 1,4 más CER por dólar). Esto, según Brito, explicaría que en la cuenta de la mujer hayan ingresado U$S 4 millones en títulos dos meses después de la concesión de la cautelar. Pero el fiscal -en elíptico tiro contra Parache- advirtió que este tipo de maniobras especulativas también se habría dado en el otro juzgado.
En segundo lugar, la Cámara Federal de Apelaciones revocó tres medidas cautelares (dos dictadas por Terán y una por Parache) relacionadas con títulos públicos. En dos causas -las que habían impulsado Alberto Scaravilli López y Floreal Fernández, con el mismo letrado apoderado, César Roque Paliza (h), ante Parache y Terán, respectivamente-, el tribunal advirtió que la gravedad de las omisiones o constancias señaladas ameritaban que se corriera vista al fiscal federal interviniente (léase Brito), teniendo en cuenta las actuaciones penales en marcha.
Los camaristas (los tres que firmaron) señalaron que en esas dos causas las demandas no individualizaban con precisión las especies de bonos o el monto en títulos respecto de los cuales se pretendía que no se concretara la pesificación. Y acotaron que, en ambos casos, los títulos habrían sido adquiridos luego del "default". Por ejemplo, concluyeron que los bonos ingresaron a la cuenta de Scaravilli López "entre los días 8 y 10 de octubre de 2004, es decir, con posterioridad a la promoción de la demanda", y agregaron que se puede presumir "con seriedad y objetivamente que a la fecha de promover la demanda (6 de octubre de 2004) el apoderado del actor no contaba con los documentos de los títulos que aquel afirmaba poseer; hasta es posible presumir que ignoraba de qué títulos se trataba". Cabe aclarar que Paliza (h) manifestó ocho meses después -en junio de 2005- que le habían revocado el poder y que él no tenía el expediente, que entonces estaba extraviado.
En ambas causas, los jueces dictaron cautelares abiertas (sin precisar montos, como en "Borquez"), a favor de los demandantes.
Ya suman cinco las resoluciones en las que la Cámara Federal -no por unanimidad, por cierto- se pronuncia en sentido contrario al de los jueces. Lo curioso es que las sentencias adversas a Terán y a Parache comenzaron en febrero, cuando fue activado el sumario contra el primero ante el CM. Hasta entonces, el tribunal no les pedía que extremaran los cuidados; se limitaba a declarar desiertos los recursos de apelación deducidos por el Estado -con el argumento de que no contenían una crítica concreta y razonada del fallo recurrido- y confirmaba las cautelares. O sea.