El pasado como herencia nociva

El coro más ruidoso de la crisis que provocó la caída de la Alianza exigía que se fueran todos, quienes desde años atrás la habían provocado o acompañado por acción u omisión. Una pretensión de cumplimiento imposible, aunque nada irracional, de la sociedad que habría de pagar esa pesada deuda de los responsables.
Pero la respuesta política al fuerte clamor ha sido muy diferente, al construir el poder mediante una sobreabundancia de protagonistas del pasado, cuya doctrina consiste en reprobarlo, en lugar de incorporarlo a la historia mediante la autocrítica.
El ex presidente Raúl Alfonsín ha sido recientemente la voz más elocuente de esa circunstancia al pedirle al presidente Néstor Kirchner que “comprenda que no nació de un repollo”, a propósito de la división del radicalismo mediante la cooptación oficial que absuelve a los adictos y repudia con el baldón pasatista a los opositores.
La más valiosa herencia que puede recibir quien accede a una gestión pública es precisamente la del pasado, pues ella le permite discriminar lo que es digno de permanencia y continuidad, de lo desdeñable en sí mismo, de tal forma que reorientar la gestión no interfiera en decisiones precedentes de largo plazo.
Esa condición ha sido de muy difícil cumplimiento en nuestro país, inclusive desde la restauración constitucional, pero su tendencia no sólo ha perdurado, sino que se agravó con la pérdida  de institucionalidad mediante el abuso de poder y la tolerancia fiel de sus beneficiarios.
Las relaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Congreso ocupan un lugar pionero en ese proceso, pues permitieron alterar el equilibrio republicano, asegurando para el primero la capacidad de legislar, de modificar las asignaciones presupuestarias del segundo, y de disponer por mayoría asegurada en la composición del Poder Judicial.
A tan gran disponibilidad de recursos fiscales mediante los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y las facultades presupuestarias permanentes, debe agregarse el bloqueo del régimen de coparticipación federal de impuestos, que somete virtualmente a las provincias a los favores de la rica caja  presidencial.
Consecuentemente, la seducción de gobernadores radicales -5 de los 6- no ha sido difícil para el poder central y, con ello, su irrupción sin disimulos en el mayor partido opositor.
Logrado tan amplio poder operativo sobre el institucional, la gestión presidencial se ha orientado a su consolidación para el futuro, favoreciendo o presionando las reelecciones de gobernadores fieles, si es necesario mediante las reformas de constituciones provinciales, procurando adaptarlas a las necesidades de mayorías circunstanciales.
Centenares de intendentes se suman a esa nómina de reelecciones mayores, entre quienes la gerontocracia no es rareza, amén de dar testimonio de repetidas mutaciones políticas en el pasado que hoy repudian y a la vez imputan sin pudor a quienes no comparten el presente.
El testimonio de Tucumán, donde se dan ambos casos, de mudanza militante y de reelección abusiva mediante una reforma constitucional had hoc, y el de la provincia de Buenos Aires y su influyente conurbano de alcaldes veteranos, son dos modelos ejemplares de una república a la medida de gerentes centralistas; una realidad poco explicable si por añadidura se advierte que el mayor partido político, el Justicialista, es el formalmente oficialista, pero se halla intervenido y sin solución a la vista, tratando de eludir uno de los más graves momentos de su historia.