La ONU se contagió de la Corte y hace política

El gobernador José Alperovich parece no haberse dado cuenta de que en el mundo han cambiado un par de cosas. Por ejemplo, olvida -o no sabe- que la Argentina forma parte de la comunidad internacional y que desde hace varias décadas (concretamente, desde el 24 de octubre de 1945) integra la expresión jurídica de aquella: la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Más aún: desde la reforma constitucional de 1994, los tratados y pactos internacionales suscriptos por la Argentina tienen una jerarquía superior, inclusive, a la de las leyes sancionadas por el Congreso. Esto implica que los mecanismos y procedimientos previstos por estos acuerdos u órganos de los que el país forma parte son una cosa seria, a la que hay que someterse irrestrictamente, porque forman parte del ordenamiento jurídico argentino.
Por eso resulta incomprensible que el gobernador haya prácticamente ninguneado al relator especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Leandro Despouy, sólo por haberse declarado legítimamente competente para mediar en uno de los tantos conflictos que mantiene este, por momentos, irascible gobierno y en virtud de aquellas convenciones celebradas por la Argentina.
Resulta curioso. Quienes, en el campo interno, osan cuestionar una coma -no ya un párrafo- de alguna iniciativa oficialista son tachados de politiqueros, mote del que ni siquiera se salvan los jueces, que ordenan alguna medida cautelar contraria a los intereses del Poder Ejecutivo. Pero ahora, si la crítica viene de afuera, como no puede decirse con alguna dosis de plausibilidad que la ONU hace política, resulta mejor recurrir a un argumento que, escondido detrás del de la seuda autodeterminación de los pueblos, raya con el chauvinismo: “ustedes, mejor váyanse a apagar los incendios de Medio Oriente y dejen que nosotros nos arreglemos con nimiedades aldeanas, como la matrícula de los abogados o la creación de un Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo. ¿Qué le importa a la ONU esto?”. Lo cómicamente trágico es que se trata del mismo razonamiento que lamentables décadas atrás utilizaban otros cuando la Organización de Estados Americanos enviaba relatores para que verificaran el drama de los derechos humanos en el país.

Lanzamiento de anatemas
¿Qué imagen se llevará de Tucumán el enviado de la ONU? Sí, es cierto, hay muchos más metros cuadrados pavimentados, pero sigue habiendo misteriosas desapariciones o muertes (como las de Beatriz Argañaraz o Paulina Lebbos) y hay un gobernador que, si tal cosa existiera en el libro de Guinness, podría batir récords en el lanzamiento de anatemas, categoría en la que, claro, tendría que derrotar a un duro rival: Néstor Kirchner.
Además, quienes, como en el caso de las autoridades del Colegio de Abogados, hacen uso del derecho constitucional de peticionar a las autoridades (judiciales), en el afán de que controlen la constitucionalidad de una decena de artículos de la nueva Carta Magna, reciben como respuesta del oficialismo un proyecto que priva a la institución del control de la matrícula de sus asociados y del poder de recaudar anticipadamente los bonos profesionales, es decir, la deja con menos fuerza que los clubes colegiales de la secundaria.
Y si la Cámara en lo Contencioso Administrativo se atreve a ordenarle cautelarmente a Alperovich que se abstenga de integrar ese Consejo Asesor del Poder Político para la Magistratura (sería más adecuado llamarlo así), que ha diseñado con tanta ecuanimidad, ¡pobrecita ella!, la venganza consistirá en meterle por encima una “Súper Cámara”, como habría que denominar a ese tribunal de apelaciones que proyectan y que, seguramente, será compuesto por magistrados hiperindependientes.
Cuán asfixiada e incómoda se sentirá la Corte Suprema de Justicia, no constituida por jacobinos precisamente, para que, en 60 días, haya tenido que decirle dos veces basta al exorbitado poder político: cuando la quisieron hacer que jurara la nueva Constitución y ahora con este proyecto de “Súper Cámara en lo Contencioso Administrativo”. Pero, lejos de lo que podrían pensar en el Ejecutivo, no es Alfredo Dato (estigmatizado como el conspirador escondido en Tribunales), el que promueve estos “estate quieto”. En el último pronunciamiento parecieran advertirse, claritas, las manos de dos vocales, con el apoyo irrestricto de los otros.