Dignidad de la función pública

Lla dignidad del cargo público impone no sólo el respeto de la ciudadanía sino también el de quienes lo desempeñan, pues su investidura constituye una representación del Estado. Esa condición es aun más exigible en el sistema político democrático, cuyo funcionamiento requiere del diálogo y del consenso entre los poderes públicos y la ciudadanía. Sin embargo, y cada vez con mayor frecuencia, demuestran no entenderlo así altos funcionarios políticos del Gobierno que, cuando se trata del federal, provocan mayor repercusión. Un ejemplo muy testimonial ha sido recientemente el del ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien al expresar su desacuerdo con opiniones de un dirigente de la oposición, se manifestó públicamente en los siguientes términos: “dice burradas inimaginables sobre el tema de la seguridad y a él le importa un comino que estén los muertos casi tibios”, rematando con que “es el ejemplo gráfico inmejorable del tilingo argentino”. El exabrupto del ministro se agravó por tratarse del titular de la llamada cartera política del Gobierno; es decir, el departamento del Poder Ejecutivo que, entre otras funciones, es cauce obligado de las relaciones con la oposición.
 Ese estilo despreciativo y hasta agraviante de opinión tiene frecuentemente otros voceros oficiales u oficiosos y, por consiguiente, las réplicas de quienes, en lugar de ser interlocutores en cuestiones de interés general, contribuyen a un clímax de intolerancia que descarta el diálogo con quienes no coinciden con el pensamiento oficial. Pero no sólo las relaciones políticas entre el Gobierno y la oposición padecen esa limitación, o en el mejor de los casos transcurren ocultas por carencias de información pública. También se advierte una incomunicación sin precedentes cuando se trata del partido oficialista, cuyas relaciones con el Presidente se limitan a interlocutores incondicionales. Mientras el orden republicano ha enfrentado en los últimos tiempos polémicas limitaciones legales que contrarían el espíritu constitucional, el ejercicio democrático de la gestión pública está padeciendo paralelamente restricciones, optando por la cooptación divisoria entre la oposición.
Esa estrategia de poder, tan manifiesta en el creciente presidencialismo como en el tratamiento que reciben quienes no comparten determinados actos de gobierno, tiene un efecto múltiple sobre la inseguridad jurídica con que se percibe el futuro del país. En primer término, el debilitamiento creciente de las instituciones, sometidas a un pragmatismo oportunista que puede llegar a posponerlas cuando los requerimientos de gobierno, no del Estado, lo plantean.
No menos grave es el deterioro de las investiduras públicas que manifestaciones como las del ministro del Interior y de otros funcionarios causan por no advertir que la crítica también califica a quienes la ejercen. A más de un año de las elecciones generales, esas situaciones están pronosticando un debate electoral donde las ideas creativas difícilmente tengan el espacio que desde hace largo tiempo requiere el país. Más que de adversarios legítimos en la lucha por el poder representativo de la sociedad, los hechos señalados predicen una confrontación de alto costo político por su carencia de debates esclarecedores y el deliberado propósito de no modificar las reglas de juego.
Con ese horizonte, la responsabilidad ciudadana comienza a ser más compleja que en otras convocatorias, pues deberá eludir las promesas de lo inmediato para reflexionar sobre un futuro con plenitud republicana y democrática. Solo así podrá dejarse atrás lo más grave de la crisis histórica.