Derogación de la Ley del Talión y retorno del tabú

Los proyectos contra el fuero administrativo y contra el Colegio de Abogados representan una desproporcionada reacción del Estado hacia quienes objetan intereses oficialistas. Por Alvaro José Aurane - Redacción de LA GACETA

15 Agosto 2006
"... entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe". (Deuteronomio)

El tiempo es esencialmente entrópico. Y esa característica lo hace responsable de injusticias varias. Por ejemplo, mucha gente cree que el antiguo Alí Baba era el jefe de los ladrones. Pero no: era el enemigo de los 40 malhechores. De igual modo, Frankenstein no era el monstruo, sino su creador.
Con la Ley del Talión ocurrió algo similar. A menudo, es evocada como una suerte de código bestial de intercambio de órganos y de extremidades humanas para compensar daños. Pero lo que en realidad hizo fue limitar la venganza. Por supuesto, tenía normas severas e infrahumanas, pero en su contexto histórico (se remonta a un par de miles de año previos a nuestra era), este derecho arcaico trató de frenar, a su modo, la represalia desproporcionada.
Unos 40 siglos después, en el plano institucional, los proyectos para anular al fuero administrativo y al Colegio de Abogados pueden sintetizarse en la decisión de un sector del oficialismo gobernante de derogar la lex talionis.
Que la entidad colegiada haya promovido una acción judicial contra los mecanismos de designación y remoción de jueces (consagrados con dudosa constitucionalidad por la reformada Constitución) merece, para el Ejecutivo, la pena de la extinción. Quieren quitarle el manejo de la matrícula profesional. Y, como si no bastara, desfinanciarla: anhelan cambiar el sistema de pago de los bonos profesionales. Sin importar que lo recaudado con ellos sostenga el servicio de asesoramiento gratuito a los pobres.
Y que la Cámara en lo Contencioso Administrativo haya frenado la conformación de las nuevas joyitas institucionales del Gobierno, por medio de una medida cautelar, merece liquidar a los camaristas en cuanto tales. Buscan ponerles por encima un tribunal de apelaciones que degrade sus funciones.
Pero no sólo en la desmesura de la actitud oficial radica el retroceso a eras anteriores al Código de Hamurabi. La cuestión de fondo radica en preguntar de qué, exactamente, se está vengando el oficialismo. ¿Cuál es la ofensa, en el Estado de Derecho, al objetar judicialmente una norma, ante los tribunales, y ajustándose al debido proceso? Ninguna.
Entonces, habrá que concluir que, como en los tiempos primitivos previos a la Ley del Talión, operó el regreso del tabú.
Sencillamente, está prohibido cuestionar lo que el Gobierno dispone. Y la violación a este designio traerá consecuencias no sólo para el ofensor, sino también para todos los miembros de su tribu.
Quienes ofendan (aunque no tengan en claro la ofensa), quedarán a merced de la "víctima" estatal, que lo castigará causándoles un mal mayor. Y no existirá relación alguna entre la ofensa (supuesta) y la magnitud del castigo.
Bonito tótem vinimos a encontrar en el inicio del tercer milenio.
Por supuesto, no puede pretenderse retrotraer a toda una provincia 4.000 años en el tiempo sin que esto pase inadvertido. Y, en rigor, el desmedido revanchismo oficialista ha hecho que la cuestión trascienda los límites del país. Otra vez, el mundo mira (esta vez, con los ojos de las Naciones Unidas), a la provincia con gobernantes que se empecinan en convertirla en un ejemplo a no imitar. La calidad institucional no es una entelequia. Y las advertencias sobre las consecuencias de atropellar al Colegio de Abogados tampoco eran un vacío reclamo local. ¿Qué sigue? ¿Declarar a la ONU opositora al régimen alperovichista?
Luego, la lapidaria acordada de la Corte (escrita por una sagaz pluma administrativista), contra el intento de sepultar al fuero administrativo bajo un tribunal de apelaciones, debe espabilar al Ejecutivo: esta cuestión no es una "internita" contra el jurismo, que rechaza las polémicas iniciativas. (Por cierto, si lo fuera, el Gobierno debería anoticiarse de que la va perdiendo).
Hay, en el pronunciamiento, una advertencia liminar: "la discrecionalidad no es sinónimo de arbitrariedad ni de irracionalidad".
La Ley del Talión casi se merece un desagravio.



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