Estrategia antiaborto

La Iglesia Católica dice estar en estado de alerta ante el avance legislativo de normas que atentan contra la vida desde la concepción, por lo que ha movilizado a sus organizaciones de base a defender ese derecho humano al que considera primario. La sanción de la ley de anticoncepción quirúrgica, que autoriza ligadura de trompas y vasectomía gratuita en el sistema de salud, es un "muy mal antecedente" para los obispos, aunque el mayor temor radica -confió uno de ellos- en la insistencia por despenalizar el aborto por la vía judicial.
Quienes abonan esta hipótesis afirman: "basta que se presente una mujer aduciendo que el niño que lleva en su vientre es fruto de una violación, es malformado o atenta contra su vida o salud físico-mental, para que se forme una corriente de opinión favorable para que la Corte haga lugar a la despenalización del aborto provocado". A esa desconfianza contribuyó Carmen Argibay, integrante del máximo tribunal, quien esta semana recordó que los jueces deben fallar de acuerdo a derecho y no según sus creencias religiosas, al criticar al tribunal platense que desautorizó un aborto a una joven discapacitada que fue violada. Expresiones que llevó a la Corporación de Abogados Católicos a elevar un pedido de juicio político, por entender que la magistrada incurrió en "declaraciones públicas incompatibles con la investidura". No es la primera vez que Argibay, que auspicia una reforma al Código Penal para permitir la interrupción del embarazo en los tres primeros meses, choca con sectores de la Iglesia. Antes de sentarse en el máximo tribunal, su nominación mereció impugnaciones por su autoproclamada condición de "atea militante".
Los obispos consideran que la idea de legalizar el aborto, aunque no trascienda, es compartida por el gobierno en su conjunto y ponen la mira -según se pudo constatar- en el ministro de Salud, Ginés González García, que aspira a un debate "amplio" para despenalizar esa práctica. También dicen observar "con atención" los movimientos del responsable de la cartera sanitaria bonaerense, Claudio Mate, que acaba de anunciar un sondeo -a través de encuestas anónimas- para obtener una "radiografía" de esta problemática en la provincia.
Un sondeo que el funcionario justifica en estadísticas que revelan entre 30 y 35 abortos anuales en ese distrito, y el Secretariado Nacional para la Familia desestimó por "mentirosas". "No se puede preguntarle a la gente si cometió un delito como es el aborto, que sigue siendo ilegal en la Argentina", dijo un portavoz de ese organismo eclesiástico.
Poco sirve a los obispos -reconocen en voz baja- que el entorno íntimo del presidente Néstor Kirchner diga que el gobierno "no está trabajando" para despenalizar estas prácticas.
Tampoco las declaraciones del embajador argentino ante la Santa Sede, Carlos Custer, logran llevar calma al Episcopado: "En cuanto a temas concretos, que no son menores, como el aborto o los matrimonios homosexuales, no están en la agenda, no son iniciativa de este gobierno. Así que no veo problemas serios, como en otros países".
Si bien los hombres de Iglesia no quieren confrontar con la Casa Rosada en cuanto a las intencionalidades políticas de estas iniciativas lanzadas al ruedo en un año de campaña electoral, el tema -que se evalúa de máxima- ocupará buena parte de la agenda para la reunión del plenario acotado previsto para los días 22, 23 y 24 de agosto en la sede del Episcopado, donde puede definirse la estrategia de acción conjunta.