Se viene el freno de los jueces

La preservación de la independencia de los poderes no es una cuestión estática, ni cristalizada en la letra. El andamiaje institucional que limita las arbitrariedades de las autoridades políticas está sometido a presiones constantes. Aquellas siempre están interesadas en que se sus decisiones no encuentren trabas. Los tironeos con los jueces forman parte de esa relación dinámica. De por medio está la protección del ciudadano contra eventuales abusos del poder político. La discusión dejó de ser académica para transformarse en un asunto de interés público. El proyecto de ley del hiperalperovichista Sisto Terán y del ex jurista Alejandro Martínez que crea un tribunal de apelaciones por encima de la actual cámara en lo contencioso administrativo ha revuelto las aguas en los últimos 30 días. Desde la oposición se ha sostenido que la propuesta de Terán tiende a tumbar fallos contrarios a la reforma constitucional de 2006. Con tono beatífico, Martínez arguyó que se pretende poner a salvo el pago de sueldos contra las exigencias desmedidas de los acreedores del Estado. Pero aún no se llegó a la etapa de la sentencia en las causas abiertas por el Colegio de Abogados, la Defensa Provincial (Bandera Blanca) y el Movimiento Popular Tres Banderas (MP3) en el fuero contencioso administrativo. La Corte Suprema de Justicia determinó el viernes, por mayoría, que los planteos de estos partidos deban ser examinados por los camaristas del fuero especializado. El recelo existente en el oficialismo acerca del proceder independiente de aquellos es la causa eficiente del proyecto de Terán y Martínez. Temen que pueda caerse la reelección del gobernador y de quienes ataron su suerte a él, o algunos de los institutos claves del régimen alperovichista: Consejo de la Magistratura, Tribunal de Enjuiciamiento de Jueces y la Junta Electoral. El oficialismo gobernante manejará discrecionalmente estos engranajes estatales si rigen como se diseñaron en la Carta Magna.
El sondeo legislativo a la Corte no llegó a buen puerto. Los jueces cimeros, en un pronunciamiento de naturaleza principista consignarán su desacuerdo con la idea que subyace en la propuesta de Terán y de Martínez. Propician, en cambio, la creación de jueces de primera instancia. La Corte, de ese modo, procura reservar para sí la posibilidad de delinear su propia organización, lo que contrasta con los frecuentes intentos de los legisladores de sujetarla a los designios políticos del momento. Las sospechas envenenan el ambiente, pero la buena salud de las instituciones exige que los jueces sepan acotar los desbordes de los poderes políticos. La acordada de la Cor, que saldráte no hará otra cosa que reafirmar el principio republicano de gobierno que rige los ordenamientos constitucionales de la Argentina y de Tucumán.
Quienes escudriñan en los expedientes en danza en Tribunales,consideran que la estrategia procesal del Gobierno enreda el avance de los juicios referidos a la reforma constitucional. Sugieren que si las cosas siguen así, la Constitución de 2006 puede balancearse al borde de abismo hasta fines de este año, por lo menos. Es una verdad revelada que los tiempos procesales no se acomodan a los de los políticos, hecho que generalmente los irrita.

Con frentes múltiples
El perfil polémico de Alperovich genera contiendas en distintos ámbitos. Los cruces con sus críticos de distinto signo lo mostraron como intolerante, pese a que controla los resortes de la maquinaria estatal. Temas tan diversos como usos múltiples del avión comprado por el Gobierno como el retiro del registro de la matrícula al Colegio de Abogado, forman parte de los duelos verbales que libra Alperovich. Pero la asignatura pendiente que más deterioro le ocasiona ante la opinión pública es la de la inseguridad. En este aspecto, 2006 ha sido impiadoso con la administración alperovichista, porque aún no alumbró una política eficaz de control y prevención del delito. Parece poco atinado que se intente involucrar a los jueces en esa materia, ya que deben merituar si los efectos de esa política no chocan con el estado de derecho.
El litigio con el Colegio de Abogados amenaza con rebasar los límites de la Argentina. Mediante la intervención del auditor general de la Nación, Leandro Despouy, el conflicto puede ingresar en la órbita de las Naciones Unidas. De concretarse ese paso, sería la segunda vez que el Estado provincial resultado alcanzado por el proceso de globalización que se extendió por el mundo a partir de la década del noventa. El primer episodio se consumó cuando el gobernador Antonio Domingo Bussi rescindió en 1997 el contrato de concesión con Aguas del Aconquija, de propiedad del grupo francés Vivendi. Ahora, la provincia pleitea con suerte incierta en el CIADI, tribunal arbitral de jurisdicción universal.
Despouy entendería en lo que configuraría un acto lesivo para la independencia de los abogados, y como resultado de gestiones del colegio profesional hostigado por el Poder Ejecutivo.

Sin superación
Las diferencias entre el gobernador y Fernando Juri en torno del proyecto de ley de Terán que priva de la matrícula al Colegio de Abogados no se zanjaron. El tratamiento de la iniciativa en la Legislatura se aplazaría para después del fin de semana largo de la próxima semana. Juri maniobra para que el precio del desgaste lo pague Alperovich. Este quiere que sea exactamente al revés. Quienes observan las idas y vueltas que registra la relación entre las cabezas del Ejecutivo y de la Legislatura, sintetizan esa situación con una imagen muy clara: "andan a los tumbos". Las cercanías físicas no equivalen a acuerdos que generen acciones convergentes.
La política debe desequilibrar el empate que aún se aprecia. En derredor del vicegobernador se piensa que hay votos suficientes -de leales y de opositores- como para archivar el proyecto , pero no se apresuró ninguna resolución. Más bien se trabaja para quitarle velocidad al asunto. Otros visualizan que la pasividad se apoderó del vicegobernador. Estos dichos no repercuten en el mundo judicial. "No vamos a aliviar la pelea entre los poderes políticos", comentaban encumbrados jueces, que prefieren reservar su palabra decisoria para cuando sean llamados a interpretar la ley.
Los aprestos para la competencia electoral en 2007 están avanzados en las filas del oficialismo que en las de los otros partidos. La promoción de la candidatura legislativa de Beatriz Rojkés de Alperovich desató tempranamente la carrera entre empinadas figuras gubernamentales. En el peronismo disidente con la Casa de Gobierno se suceden las consultas para pulir un documento que sirva de punto de partida de un nueva empresa política. La segunda quincena de agosto también será crucial para los radicales, que están entre varios fuegos. La seducción kirchnerista es poderosa y el alperovichismo redobla la captación. Los leales a la sigla histórica escuchan el mensaje de Raúl Alfonsín en favor de Roberto Lavagna. No tienen muchas opciones.