Feroces internas de todos contra todos

En el Gobierno, no sólo Luis D’Elía corta tranqueras e invade campos ajenos. La semana que pasó fue más que prolífica en paseos de funcionarios por los jardines de los demás, en discursos y acciones. Por eso, a la hora de encarar en tropel la acción de gobierno que se montó para efectuar un bizarro y voluntarista reclamo de inversiones o de ver quién hace mejor las cosas en materia de créditos hipotecarios, los problemas de cartel se hicieron evidentes. Pruebas al canto: “el superávit fiscal es una política de Estado para siempre”, frase que naturalmente podría adjudicársele a la ministra de Economía, fue pronunciada el miércoles ante hombres de negocios por Julio de Vido. “Mientras esté Kirchner se hará obra pública”, dijo Felisa Miceli (foto) el jueves en otro foro, al devolverle la pelota a su colega de Planificación.
Hay más: ese mismo día, Miceli se excusó por sus reiteraciones, “porque otros ministros ya hicieron mi trabajo”, dijo. Un rato antes, De Vido había insistido en pedirles acción de los inversores, y Alberto Fernández, en asegurar que esta gestión los enamora, no sin antes sugerir que el crecimiento argentino deja pálida de envidia nada menos que a China.
¿Es hilar demasiado fino o simplemente los funcionarios han querido mostrarse ante el Presidente como su mejor alumno? Sucede que Kirchner, convencido de que tras las leyes que consagran los superpoderes y la vigencia de los DNU ha quedado como único fusible del proceso, los echó al ruedo, y la necesidad de cumplir hizo que las rencillas domésticas salieran descarnadamente a la luz.
Si hasta el tono de las alocuciones no pareció siquiera planificado como un discurso marketinero único y coherente, y a los analistas les quedó la duda letal sobre si se pidieron las inversiones por auténtica convicción, para contrapesar los desaguisados de D’Elía o los que se cometen en materia de inserción internacional, donde la cercanía a Venezuela ya es un grano imposible de ocultar, o por una necesidad imperiosa de que el agua no llegue al cuello y se frene el crecimiento.
Así, mientras todos los ministros tomaron como base los datos más relevantes de la extraordinaria performance macroeconómica y omitieron prolijamente los indicadores sociales, De Vido no descartó el capital externo, pero dijo preferir que se movilice la masa de ahorro nacional, al tiempo que les dio lecciones a los hombres de empresa sobre “ganancias razonables”, la relación entre los precios y la rentabilidad, y les pidió con gruñidos a los formadores de precios que “centren bien el debate”.
Por su parte, Miceli fue más cuidadosa y risueña en marcar la oportunidad desde lo práctico (“no se la pierdan y no digan que no les avisé”), y el jefe de Gabinete se endureció al plantear que existen reglas de juego y que es sencillo, ya que estas son las que “pone” el Gobierno.
Seguramente los reparos de los observadores no alcanzaron a buena parte de los empresarios, que bajo este “nuevo modelo productivo” (Miceli) o el llamado “espacio de articulación pública-privada” (De Vido), demasiado parecido al de los años 60/70, están ganando ahora mucho dinero y saben que si son “ambiciosos”, tal como les pidió el ministro de Planificación, siempre estarán dispuestos a escucharlos en la Casa Rosada, donde hoy un subsidio no se le niega a nadie.

Bemoles
El caso de los créditos hipotecarios también tuvo sus bemoles en materia de internas. Aquí se sumaron al elenco de los cruces el inefable secretario de Comercio, Guillermo Moreno, y el titular del Central, Martín Redrado.
Todo comenzó hace un par de semanas con dos datos del Indice de Precios que a Moreno se le hacen difíciles de encorsetar: las expensas y los alquileres; estos últimos mucho más, ya que se realimentan -pese a que está prohibido- por la indexación del costo de vida, por acuerdo voluntario entre los privados. Lo cierto es que Miceli se le adelantó a su secretario con sugerencias a los consorcistas para vigilar la suba de los gastos comunes, mientras que este ganó finalmente la pulseada sobre los controles de alquileres que proponía la ministra mediante la AFIP.
Moreno avanzó al respecto, y de conversaciones con el Presidente surgió un irresistible argumento electoral, mediante un agresivo plan de créditos hipotecarios en pesos y a tasa fija, para que todo el mundo tenga su primera casa o departamento y para que, con el tiempo, baje la demanda de los alquileres. Pero la realidad hizo tropezar al secretario, economista de profesión, con algunos escollos difíciles de salvar: la relación cuota-ingreso, las tasas de interés y la falta de financiamiento a largo plazo. Entonces, Moreno se fue a tomar mate al Banco Central el jueves por la tarde y su titular lo puso al tanto de las cosas sobre las cuales ya estaba trabajando la autoridad monetaria. En primer lugar, Redrado le recordó al secretario que, hace dos semanas, el BCRA sacó una norma por la cual elevó del 70% al 90% el rango de crédito hipotecario que los bancos pueden otorgar con una menor penalidad de exigencia de capital propio (4%, mientras que por la diferencia deben encajar 8%). Y luego le desgranó todos los temas en los que se trabaja desde hace meses, con la promesa de poner a todo el Directorio en la línea de fuego durante el fin de semana para tener listas las normas a tiempo de los anuncios, que se harían a mediados de esta semana:
• Posibilidad de leasing hipotecario (alquiler con opción a compra) para vivienda única y permanente
• Scoring (tomar como buen pagador de créditos al que ha cumplido con sus alquileres)
• Terminar de homogeneizar con las asociaciones de bancos los manuales de créditos hipotecarios para securitizar carteras y conseguir fondeo de largo plazo.
• Provisión de datos transparente a los tomadores de créditos, con el costo final incluyendo la tasa, gastos y comisiones.
• Búsqueda de convenios con escribanías y compañías de seguros para generar competencia y bajar aranceles.
Al día siguiente, fue Redrado quien se puso bajo el brazo las mismas carpetas para comentarle las mismas cosas a Miceli, que lo llamó a Economía para comenzar a armar el subsidio que posiblemente funcionará bajo el transparente estilo de las licitaciones que se hacen para las PyME, por las cuales el deudor paga una parte de la tasa y el Tesoro otra.
El problema que queda por cerrar es la relación entre el ingreso del tomador y la cuota a pagar (hoy el promedio está en 30/35%, con mejoras hasta 50% para los sueldos mayores) y allí los expertos piensan que deberá llegarse a una solución política, ya que si bien la cuota podrá bajar algo por algún estiramiento de los plazos, el salario real no subirá en lo inmediato y, por lo tanto, deberá salvarse el escollo con alguna solución técnica aún no hallada.
Precisamente, la lentitud de los ritmos burocráticos del Central fue criticada con dureza a mediados de semana por el banquero Jorge Brito, titular de Adeba, la asociación que nuclea a los bancos nacionales. Estas declaraciones motorizaron un operativo mediático muy evidente contra Redrado, que algunos atribuyeron a la influencia de otro ex banquero a quien el Central habría amenazado con rematarle un edificio de su propiedad.
Sin embargo, se pudo establecer que la verdadera razón de la pulseada se llama $ 400 millones al año, que se transferirán del balance de las entidades al haber del Central, a partir de la puesta en marcha de una norma reciente, que retrotrae la manera de computar los encajes a los tiempos previos al corralito, sin que los bancos puedan sumar el efectivo de sus cajas o de sus tesoros como parte de los mismos.
“O el Central no tiene todos los recursos fiscales que necesita para el Programa Monetario o quiere bajar la posibilidad de someterse a la prueba de mercado de las licitaciones de letras”, explicó un banquero que comparó la situación con los años 80: “si tengo problemas fiscales, subo encajes”, señaló antes de calcular cuánto les costará a los bancos la medida.
En el Banco Central confirmaron la cifra, pero relativizaron la incidencia hacia el futuro si crecen depósitos y créditos.
Una fuente negó que el Programa Monetario tenga problemas, y sobre las licitaciones de Lebac y Nobac consintió que exigir liquidez compulsiva a voluntaria les permite un manejo más pulido del mercado.
Por último, el interlocutor justificó la decisión. “La medida estaba en suspenso; el año pasado los bancos ganaron $ 1.800 millones y a esta cifra ya la consiguieron en 6 meses de este año; pagan sus redescuentos y hay liquidez. Por qué deberíamos haber esperado más. El momento es este, un momento de bonanza, y les avisamos que lo haríamos en cuatro tramos. Festejemos que estamos haciendo un sistema más fuerte”, celebró. (DyN)