Educación provinciana

El tucumano Nicolás Avellaneda, futuro presidente, cuando se hizo cargo del Ministerio de Instrucción Pública de Sarmiento en 1868, expuso la tarea que entendía estaba a su cargo. Consideraba que ella iba mucho más allá de propulsar las universidades, porque “eso estudios no se dirigen al pueblo, que puede vegetar en la ignorancia profunda al mismo tiempo que aquellos florecen esparciendo brillo sobre las academias”. Así, aunque la instrucción primaria era resorte de las provincias, su fomento lo era del poder federal. Sólo de ese modo, pensaba, podía “libertarse al pueblo argentino de esa tiranía que las revoluciones no contrarrestan, y que se llama ignorancia”.
Para fomentar la educación, opinaba que era preciso manejarse con tres elementos: el maestro, la renta que paga su sueldo y que construye el edificio donde se dicta la clase, y el alumno mismo. En las provincias no había maestros, ni rentas fijas para las escuelas que, escasas y pobres, se mostraban desiertas.
Tener maestros no era fácil. Había que formarlos: de allí las flamantes Escuelas Normales. Además, había que tener partidas para traer maestros extranjeros  expertos. Para pagar los sueldos, las provincias debían contar con una “renta especial y propia”, que no pudiera ser afectada para otras necesidades del presupuesto. Como modo de impulsar esa renta, pensaba que la Nación podría destinarle los fondos que deparase la venta de tierras públicas. Otro recurso podía consistir en distribuir, en las provincias, una suma igual a la que hubiesen invertido ellas en educar.
Y la escuela debía complementarse con la biblioteca, “incentivo de curiosidad inagotable para el niño” y apoyo para el maestro, “por la idea perpetuamente renovada” Se le ocurría adecuado crear un fondo público que remitiese, a las bibliotecas, libros por un  monto idéntico al que estas demostraran haber empleado para comprar los suyos.