Una deuda en la que hay culpas compartidas

Hace una década, la Justicia tucumana le rechazó a un particular su presentación como damnificado en una causa contra una industria por perjuicio ambiental contra el arroyo Calimayo, donde el hombre solía pescar cuando era chico, y que ahora está contaminado. En la respuesta se esgrimía que el demandante “no era un damnificado inmediato”. En otras palabras, que él no era “dueño” de ese arroyo. En diez años, las cosas han cambiado, y la Justicia ha empezado a atender lo que se conoce como “derechos de segunda generación”, entre los cuales ocupan un lugar central los problemas ambientales. En ese ínterin, por lo menos tres intendentes y la municipalidad de Tucumán tienen causas en la Justicia por el mal manejo de los residuos domiciliarios. Y la Provincia ha sido acusada por Santiago del Estero por la contaminación del embalse de Termas de Río Hondo.
Al margen de esos litigios provinciales e interjurisdiccionales, ahora son los ciudadanos quienes, con los medios de comunicación como propaladoras, empiezan a hacer oír sus reclamos, porque ven cómo las  fuentes contaminantes inciden en sus vidas cotidianas.  El caso de las pasteras, en Entre Ríos, ha demostrado la incidencia política y económica de la problemática ambiental.
En Tucumán, la contaminación no es un tema nuevo. Sin embargo, el debate sobre la necesidad de conciliar desarrollo y medio ambiente apenas parece haber empezado. Esta semana, en diálogo con LA GACETA, la responsable técnica de la división Fiscalización ambiental del Siprosa, Margarita Hidalgo ha sintetizado el problema: palabras más, palabras menos, dijo que la contaminación no ha bajado en una localización estratégica como el río Salí. Pero que ello no implica que no se esté trabajando en el tema.
Hidalgo y su superior en el Siprosa, Orlando Di Marco, aseguran que la mayoría de las cien empresas radicadas en Tucumán calificadas como contaminantes están haciendo, cada una a su manera, “los deberes”. ¿Por qué, entonces, los resultados no se notan? La respuesta de la experta, que opina que en dos años podrán verse mejoras, fue: “en parte, porque los procesos de mejoras están en desarrollo; lo importante es poder evaluar la conducta en el tiempo. Por otra parte, porque mientras haya pobreza, y gente que siga tirando basura en el río Salí, de poco servirán las mejoras en la parte industrial”.
Para las industrias radicadas en Tucumán que exportan su producción, el cumplimiento de las normas ambientales no es sólo una respuesta virtuosa de responsabilidad social, sino una exigencia del mercado internacional. De ahí la respuesta a la que alude la doctora Hidalgo. Sin embargo, algunos industriales que fueron sancionados están que trinan, porque hay por lo menos cinco áreas o reparticiones (entre provincia y municipios) con incumbencia ambiental cruzada. Afirman que en un escritorio sancionan lo que en otros han autorizado. Desde el Estado han reconocido que a los empresarios los asiste en parte la razón, y se está elaborando un digesto para organizar la normativa ambiental dispersa.
Un tema candente de la agenda ambiental es el basural de Los Vázquez, en el que ya no se vierte basura, pero que está en proceso de “cierre técnico”. En estos días se han conocido dos informes “técnicos” de proyección sobre el riesgo ambiental que dejó el vaciadero, y que se contradicen entre sí: la Provincia argumenta que habría que retirar parte de los residuos que hay en el basural porque, si llueve, podrían anegarse los barrios de Los Vázquez y Pacará Pintado. La empresa asegura que no es así. Y desde el municipio se preguntan si habrá en nuestro pequeño territorio un lugar en el cual vertir tanta basura, sin repetir el círculo ambiental  vicioso. El basural de Los Vázquez -que por años fue símbolo de inmoralidad social y política  - deja como enseñanza que en los temas ambientales, como en otros, más vale prevenir que curar.