La inseguridad empaña el debate educativo

Apenas terminadas las vacaciones de invierno, el debate por la nueva ley Nacional de Educación ha tomado nuevo impulso, dado que el oficialismo decidió que hay que llegar a fin de año con una nueva norma. El ministro de Educación, Daniel Filmus, fundamentó la urgencia: dijo que 2007será un año electoral y que él quiere una norma surgida del consenso y no contaminada por internismos propios de esas etapas. En Tucumán, la desaparición de la maestra Beatriz Argarañaz ha conmocionado a la comunidad educativa tucumana y ha puesto en jaque la ya vapuleada política de seguridad del Gobierno provincial. De todos modos, la secretaria de Educación, Susana Montaldo (que el viernes habló del tema con el ministro de Seguridad, Mario López Herrera), continúa con su agenda y acaba de enviar al Palacio Sarmiento el resultado de las opiniones de los docentes tucumanos, que fueron consultados mediante el sistema de encuestas, como en el resto del país.
Desde que comenzó el debate por una nueva ley educativa, se alzaron voces -en especial del frente privado y de los colegios religiosos- defendiendo la norma vigente.
En voz baja, desde algunos sectores del Gobierno sostienen que esa defensa es comprensible, porque la Ley Federal benefició a los privados, que fueron -muchos de ellos gracias a los subsidios estatales- los únicos capaces de migrar del viejo al nuevo sistema. El mayor temor de ese sector reside en que se reabra ahora el debate sobre dos cuestiones que los tocan de cerca: la enseñanza de la materia Religión -que en general sigue desarrollándose como hace treinta años, con una fuerte impronta doctrinaria católica- y el tema de los subsidios a los colegios privados. Observan que el momento no es el más propicio, dada la tensa relación existente entre la Iglesia y el Gobierno nacional.
Tras la consulta a los docentes, ahora les llegó el turno a los padres, también vía encuesta. En Tucumán, acaban de emitir una propuesta de ley nacional educativa, a través de la Comisión de Padres surgida en 2002 en defensa de la EGB3 en la escuela pública. En esa propuesta reclaman, entre otros temas, una mayor injerencia en las cuestiones escolares (ahí habría que diferenciar entre "pedagógico" y "escolar" ) y en el Consejo Federal de Educación. Aunque no aclaran cómo se definiría la representatividad de los padres, es de suponer que los miembros de esa Asociación apuestan a que esta debería surgir "de las bases": esto es, del seno de los representantes de cada escuela y no de una corporación gremial.
Un aporte que puede generar discusión - y que está vigente en otros países- es el de la potestad de la comunidad de evaluar institucionalmente los colegios y las escuelas.
La Universidad no ha permanecido ajena al debate, y el foro conjunto con el Gobierno provincial que fue convocado para el jueves promete ser masivo. Sin embargo, se observa que en el hoy de las "bases" educativas tucumanas late más el reclamo de poder trabajar en un clima de seguridad y paz que las ganas de discutir la futura ley de educación.