Los conflictos no dan tregua

La administración alperovichista no le encuentra la vuelta al candente problema de la inseguridad pública. El ingenio que demostró para diseñar un régimen político amoldado al plan continuista del gobernador, que cristalizó en la Constitución de 2006, faltó a la cita, y abrió un flanco electoral peligroso para el oficialismo. Ahora bien, la oposición externa al alperovichismo tampoco hace pie, ni esboza planes atractivos ni levanta candidatos rutilantes. La situación general no es desfavorable para la Casa de Gobierno, aunque empieza a pagar costos por sus fallas de gestión. El capital político que le sirvió para justificar sus éxitos electorales puede erosionarse más a medida que se acerque 2007, el año en el que se revalidarán títulos y proyectos. El forcejeo mayor se focaliza dentro del partido gobernante. El gobernador José Alperovich y su segundo, Fernando Juri, caminaron juntos el lunes pasado, en medio del frío, para disipar los rumores de incomunicación. La última vez que habían aparecido públicamente compartiendo espacios fue el 9 de julio. Entonces no había sido pacífica esa convivencia, al punto que la omisión del nombre del vicegobernador de entre las autoridades presentes con Néstor Kirchner fue subsanada por la presión de la barra jurista desde la plaza Independencia. El Presidente zafó del hecho, pero la tensión en la cúpula del Ejecutivo local no se deshizo. Al despuntar agosto se intentó recomponer la imagen de una sociedad ideal, pero las divergencias se patentizan frente a problemas concretos. La quita del manejo de la matrícula al Colegio de Abogados para transferirlo a la Corte Suprema de Justicia es la piedra de la discordia más visible. Alperovich insiste en la aprobación del proyecto de ley de Sisto Terán, mientras que Juri reitera la vía del diálogo. Así las cosas, la discusión del problema en el recinto de la Cámara se dilata. En forma reservada, hay quienes sugieren que el vicegobernador pretende asegurar la mayor cantidad de votos peronistas antes de precipitar el desenlace. Con estos y con el apoyo de los legisladores opositores enviaría a vía muerta la iniciativa de Terán. Si fracasara dentro del bloque, procuraría que haya libertad de acción. Alejandro Martínez, uno de los últimos conversos a la prédica del Ejecutivo, pronostica que la propuesta de Terán saldrá gananciosa y pretende encorsertar a sus pares peronistas en una sola dirección. Alperovich, en realidad, quiere conocer a ciencia cierta quiénes les son leales y cómo juega Juri. El vicegobernador también, porque aspira a identificar a aquellos que navegan cómodamente entre dos aguas. Las diferencias institucionales se proyectarían hacia la esfera política, aunque sería aventurada la predicción de una quiebra. Nunca se terminan de romper los puentes. Lo acaba de ratificar el presidente subrogante de la Cámara, Fernando Juri Debo, al anunciar que la Legislatura ratificará un decreto de necesidad y urgencia (DNU) objetado por los partidos opositores, con distintos tonos. Ese DNU transforma al Estado en garante de los préstamos que el Banco del Tucumán otorgará a las empresas que construyen obras públicas, a raíz de que la Nación atrasa el envío de partidas. Si el Gobierno federal demora la regularización de esos recursos más de 180 días, la Provincia responderá con su dinero. Se prendió una luz amarilla en el horizonte del alperovichismo.

Controversia a fondo
La disputa del Gobierno con el Colegio de Abogados no da muestra de desinflarse. Esta institución dio un golpe al corazón del régimen alperovichista cuando logró paralizar el nuevo sistema de designación de los jueces. La demanda de los letrados también impacta contra el Jurado de Enjuiciamiento y contra el sistema de enmiendas de la Carta Magna. En los tres institutos, el poder político se dota de herramientas para nombrar magistrados afines, destituir a los jueces independientes y asignar a una mayoría adicta de legisladores la posibilidad de cambiar a su antojo artículos de la Constitución. La discrecionalidad se corporiza nítidamente en las disposiciones impugnadas. Desde el Gobierno, se afirma que son acusaciones políticas y no jurídicas, por lo que el fiel de la balanza lo debe desequilibrar la Justicia. Antonio Bustamante, cabeza del Colegio de Abogados, se erigió en un inesperado contendiente de Alperovich. La amenaza de la nacionalización del conflicto está latente, con la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) presta a intervenir. El conjunto de las organizaciones profesionales de Tucumán cerró filas en derredor de los abogados. La UCR y Fuerza Republicana apalabraron a sus legisladores a ser solidarios con los planteos de los colegios profesionales. El senador Ricardo Bussi llegó, inclusive, a indicar que Alperovich quiere trasplantar el modelo institucional de Santa Cruz a Tucumán. La sociedad civil generó acciones de resistencia a las que se pliegan los dirigentes partidarios. Será determinante la conducta de los legisladores del partido mayoritario -juristas y alperovichistas-.

A dos bandas
Es un político que no rehúye el debate, pero olvida que es también el gobernador. Por esa razón, en cada refriega con opositores, sale con alguna magulladura. El radical Mario Marigliano se cruzó en el camino de Alperovich cuando impulsó la expulsión del legislador Jorge Mendía y del concejal Gustavo Usandivaras por su conspicua militancia progubernamental. Dijo que no entendía esa incongruencia de sancionar a quienes apoyan una administración peronista en la provincia, mientras se alienta la candidatura presidencial del justicialista Roberto Lavagna. El disparo contra la UCR generó la réplica del ex rector de la UNT, "La deslealtad debe ser condenada", aseveró. "Obnubilado por su verticalismo, se olvidó de la verticalidad del radicalismo", le reprochó Marigliano a su ex correligionario.
Como en otras partes del país, el kirchnerismo en su versión alperovichista se fortaleció con dirigentes desprendidos del radicalismo, que formaron Participación Cívica. En la UCR observan con ojos críticos los movimientos de otros radicales que están cercanos a Usandivaras y a Mendía, pero que no saltaron el cerco por razones de conveniencia estratégica.
La consulta a los afiliados bussistas para definir las principales candidaturas legislativas por la capital blanqueó las diferencias internas. Ernesto Padilla, respaldado tácitamente por el senador Bussi, competirá con Luis José Bussi. El rumbo de ese partido se dilucidará sin la injerencia de su fundador.
Las protestas sociales por el costo del boleto de ómnibus en el interior y por la ausencia de seguridad pública buscan ser capitalizados por los partidos de izquierda que, como el Obrero, tratan de afianzarse en el esquema político. Las fallas de gestión generan los focos de conflicto. La desmedida expansión del poder político es motivo de fricciones y de roces con actores institucionales que ven en la Constitución una garantía contra los abusos de los gobernantes. El Tucumán de hoy necesita de paz y acuerdos para resolver los problemas pendientes. Las perspectivas electorales prenuncian más confrontación de proyectos.