Legalizar remises viejos afecta la seguridad

El Concejo Deliberante acaba de resolver una modificación sustancial a la ordenanza que creó un  sistema para dotar de legalidad a los remises truchos de San Miguel de Tucumán. En efecto, dispuso ampliar hasta 14 años la antigüedad permitida para los autos que se inscriban en el Servicio Unico de Transporte de Pasajeros (Sutrappa). Esto beneficia a unas 830 unidades de esos modelos, que circulan por nuestra capital.
Si la ordenanza es promulgada por la intendencia, en los hechos representará no solamente contravenir la Ley Nacional de Tránsito (que fija un límite máximo de 10 años), sino también permitir que continúen vigentes condiciones de indiscutible riesgo para los usuarios de esos vehículos. Ello porque, al carecer, por regla general, de todo mantenimiento, en esos autos es problemático el funcionamiento de sus frenos, de sus luces, el cierre de sus puertas, además de que su vetusta carrocería duplica las consecuencias de un eventual impacto. Muchas notas gráficas publicadas en nuestras ediciones documentaron los casos en que un choque determina que la unidad se desarme completamente.
Por otro lado, es sabido que ninguna compañía de seguros legalmente establecida acepta dar cobertura a vehículos de esos modelos. Bastan tales referencias, para que quede completo el universo de peligro y desamparo en el que ingresan las personas que utiliczan ese tipo de transporte.
Los reparos que consignamos fueron formulados claramente en la respectiva sesión del Concejo Deliberante. Se los respondió con el argumento de que es necesario que no pierdan su trabajo quienes se ganan la vida manejando esos vetustos y destartalados vehículos; y que en cambio, manteniendo tal ocupación, es de esperar que ganarán el dinero necesario para acceder a modelos más nuevos. Es decir que la cuestión troncal, que es la seguridad de los usuarios, no fue tenida en cuenta para nada, por quienes representan teóricamente los intereses del municipio.
Cabe calificar de deplorable la actitud de los concejales que votaron afirmativamente estas normas. Fue una demostración de que, realmente, se ha optado por mirar al costado en un problema que singulariza a San Miguel de Tucumán entre todas las capitales argentinas. En efecto, esta es la única ciudad en la cual, para transportar pasajeros, es necesario cumplir solamente el requisito de atar una cinta a la antena.
El sistema que se había establecido ya era en exceso generoso. Sin embargo, el hecho de que, de la inscripción de 4.800 vehículos ya cayeron 900 matrículas (porque los interesados no se presentaron a regularizar su situación), está indicando que no existe interés por enmarcarse en el sistema. Autoriza esa actitud, una modificación como la que criticamos: porque muestra que, en el fondo, no se desea cambiar nada, y que el problema continuará su proceso de exponencial crecimiento. Aunque se afecte de modo frontal, repetimos, la seguridad de los ciudadanos, que ascienden a un auto inconfiable, guiado por alguien que puede ser un delincuente.
El tema del transporte trucho y el de los vendedores ambulantes -que ya han avanzado sobre las peatonales nuevamente- son las dos grandes cuestiones que mantienen a San Miguel de Tucumán en un estado de atraso difícil de concebir. Su vigencia empaña, inevitablemente, cualquier progreso que se obtenga en materia de obras públicas.
Frente a las situaciones, el Estado debe tomar una decisión. Y cuando la toma, debe sostenerla. De otra manera, las normas se convierten en líricas inscripciones sobre un trozo de papel.