"Se violaron nuestros derechos"

“Queremos estar en paz; no tenemos nada que ver. El daño moral que nos están ocasionando es indescriptible”, explicó Nélida Fernández, una de las dos mujeres que quedaron en el centro de la escena luego de que la Justicia allanara dos viviendas en el marco de la investigación de la desaparición de Angela Beatriz Argañaraz.
La mujer, que se presentó ayer en Tribunales para recuperar el Ford Orion que le secuestró la Policía para realizar una serie de pericias, aclaró que Argañaraz, además de compañera de trabajo, era amiga de Susana Acosta, con quien vive en un departamento de Catamarca primera cuadra. “Sentimos que se violaron todos nuestros derechos, a pesar de que decidimos colaborar en todo. No es agradable ver que mi hija de siete años fue llevada de una habitación a otra mientras requisaban la casa”, señaló Fernández que, al igual que Acosta, es ex religiosa.
La abogada Beatriz de Nocetti, representante legal de ambas, confirmó que están estudiando la posibilidad de realizar planteos ante la Justicia por las situaciones que les tocaron vivir. “Creemos que hay un exceso. Veremos los expedientes y después decidiremos qué hacer. No sólo se realizaron los allanamientos en horarios inoportunos sino que, además, no fueron bien fundamentadas las medidas”, comentó.

Aclaraciones
Fernández dio algunos detalles de lo que ocurrió el lunes por la mañana. Según sus dichos, “Betty” Argañaraz se había comprometido con Acosta a pasarla a buscar por su casa y, de allí, dirigirse al colegio Padre Roque Correa. “Se enviaron mensajes, pero como no llegaba, ella decidió asistir al establecimiento”, comentó.
Fernández aclaró además que ambas se habían encargado de preparar la fiesta de despedida que le iban a realizar a la directora del colegio. “El viernes almorzó en nuestra casa. Ambas estaban muy comprometidas con su trabajo y su incansable actividad pastoral. Eso lo saben todas las personas que la conocen”, explicó.
Nélida Fernández, que es secretaria gremial del Sindicato de Empleados Públicos de Tucumán, destacó: “fue Susana la que la alertó a las autoridades del colegio de la ausencia de su compañera. Y, si no se presentó ante la Justicia, es porque ninguno de los asesores letrados del establecimiento se lo indicó”. Las mujeres, en su condición de ex religiosas, decidieron pedir ayuda a sus contactos de todo el país. “Queremos que esto se aclare de una vez por todas. Toda la comunidad tucumana debe colaborar para que Betty aparezca con vida”, concluyó.