Protocolo y maquillaje

La inquietud y la angustia que siente el gobernador José Alperovich ante la desaparición de la docente Betty Argañaraz son las mismas que desvelan a los familiares de la maestra y a los tucumanos, ante un caso que provoca gran incertidumbre. Esta sensación se acentúa por el antecedente del asesinato de Paulina Lebbos, ocurrido hace cinco meses. Todos ruegan que “Betty” aparezca con vida, pero aun si toda esta terrible historia llegara a tener un final feliz, los interrogantes que han surgido no se irán fácilmente.
A partir del caso Lebbos se creó un registro único de autos de alquiler, para que se inscriban todos los conductores de la provincia, y se forzó la ordenanza del Sutrappa, en el que debían anotarse todos los autos que circulan por la capital levantando pasajeros. Y, como la desaparición de Paulina, ocurrida el 26 de febrero, generó incertidumbre acerca de los hábitos nocturnos de la juventud, surgió la ley de las 4 de la mañana y se restableció el servicio de ómnibus nocturno .
Pero los dos registros de autos (el provincial y el municipal) no sirvieron ni siquiera para tener una base de datos aceitada y saber cuántos Fiat Duna o Uno blancos hay, y quiénes los manejan. Tampoco aportó nada el anunciado plan de informatización de de seccionales ni de antecedentes personales, donde aún la gente tiene que perder seis horas para obtener un certificado de buena conducta. Más cercano a la realidad parece Alberto Lebbos cuando dice que “crearon el registro y una ordenanza para legalizar el transporte, pero todo es maquillaje”, antes que el protocolo que el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera, dice que se aplica “en casos similares”. Ya pasaron cinco días de la desaparición y aún no se encontró el modo de buscar al remisero sospechoso.

Responsables
¿Es que ahora toda la responsabilidad será de la fiscal, como sugirieron el ministro y el propio gobernador? ¿No fue una decisión política, no judicial, crear el registro, cambiar la ordenanza y presionar por la ley de las 4 de la mañana? ¿No se habló de que los padres deben preocuparse por sus hijos y evitar que suban a cualquier auto? ¿Y los adultos que suben a cualquier auto?
Aun cuando no se puede culpar a políticos por las desapariciones de personas, sí cabe observar que las normas que hacen siguen siendo laxas y dilatorias. Con la excusa del caso Lebbos se abandonaron todos los diques de contención con respecto a los autos ilegales. Han pasado cinco meses y no hay intenciones de controlarlos ni tampoco se puede parar las presiones de los remiseros que quieren que circulen autos viejísimos en la ciudad. El oficialismo -que dice buscar seguridad- acaba de darles un año de plazo para que hagan entrar al sistema a autos desvencijados.
Tampoco el servicio de ómnibus nocturno, restablecido mal y precariamente, ha servido para reemplazar el uso masivo de taxis y remises no identificados.

Lo que falta
Los anuncios de “tolerancia cero” no parecen avanzar más que hacia un sistema represivo, no preventivo. Y, ante casos como el de Argañaraz, ¿dónde está una base de datos cierta y los estudios criminológicos? Ya se debería estar in- vestigando por qué aumentó en la provincia la tasa de homicidios mientras que la tasa de delitos bajó en todo el país. O por qué temblamos ante la posibilidad de un asesino serial, y no podemos capturar a un matador identificado como el “gardelito” Lucas González.
La Policía ha cambiado muy poco desde febrero. Lo dice el reconocimiento del mismo gobernador de que la seguridad es un tema débil en su gestión. La debilidad no se nota cuando no hay inquietud ciudadana, pero es el latido en la herida cuando existe una crisis de seguridad, como ahora.