La inseguridad abruma a los tucumanos

Preocupa profundamente a la comunidad, en estos días, la desaparición de una docente, hecho que todavía no ha podido esclarecerse. Se trata de un dato más, entre los muchos reveladores de la falta de seguridad existente en Tucumán. El mismo gobernador ha reconocido que dicho rubro constituye uno de los puntos flacos de su administración. Nadie puede dejar de sentir inquietud respecto de tal temática. De nada vale que una sociedad incorpore a su vida cotidiana los beneficios de obras públicas y de otros adelantos, si carece de algo tan elemental como es la garantía de que su persona y la de los suyos no se hallan expuestas al delito. La falta de seguridad es algo que afecta gravemente todos y cada uno de los aspectos de la existencia. Esta no puede desarrollarse normalmente y con tranquilidad, si ese rubro fundamental no se encuentra asegurado con solidez. Así, constituye una de las obligaciones básicas del Estado crear y mantener un ámbito seguro para los habitantes de su jurisdicción. Entre nosotros, sobran las muestras de que este tema de tan obvia trascendencia es una de las asignaturas pendientes. Nuestra ciudad no es segura. Nadie puede pensar que está libre de la acción de los delincuentes, en su más amplio espectro. A cada momento, la crónica policial registra los hechos indicadores de ese desamparo, y lo revelan, igualmente, las denuncias públicas de los ciudadanos. Puesto que el delito se desarrolla a la luz del día, tanto en el centro como en las afueras de la capital, parece imprescindible el diseño de una política integral de seguridad. No contamos con ella, hasta la fecha.
El tan penoso y conocido caso Lebbos suscitó aparentemente una conmoción oficial. Pero en los hechos, el sistema de seguridad continuó aplicándose sin demasiadas variantes. Ahora, estamos ante un nuevo caso de desaparición, cuya verdad aún no se conoce. Es hora de tomar la temática como una preocupación central. Para garantizar la seguridad, sin duda resulta clave la acción de la Policía. Pero no se trata de que las calles estén colmadas de agentes uniformados o encubiertos. La cuestión, nos parece, es algo más profundo. Estamos de acuerdo con que debemos tener una fuerza policial en suficiente número, y adecuadamente equipada para cumplir su misión. Pero al mismo tiempo, se hacen imprescindibles otras medidas. Por ejemplo, la capacitación permanente y especial del personal; una estrecha vinculación con la Justicia; la acción combinada de policías y vecindarios. En varias ocasiones, hemos insistido en la necesidad de que funcione realmente la “Policía comunitaria”. No puede dudarse de que son los vecinos, como principales interesados, quienes más conocen acerca de los riesgos y de las amenazas. Su voz puede resultar de inestimable ayuda para las tareas de prevención. Con más de medio millón de habitantes, nuestra ciudad merece vivir en otro clima. Sus habitantes tienen derecho de salir a la calle a cualquier hora y caminar tranquilamente, sin temor de ser asaltados, agredidos o secuestrados. Deben poder tomar un remise sin correr el riesgo de toparse con un delincuente que maneja. Deben poder dejar los domicilios, sin la inquietud de que su ausencia facilite el ingreso de ladrones. Deben poder aguardar confiados el regreso de sus hijos de la escuela, o cuando salen a divertirse. Aunque esta enumeración, sin duda, no abarque todo. La comunidad está aguardando, con gran expectativa, que se diseñe y se aplique efectivamente una política de Estado en materia de seguridad, tanto en el centro como en el Gran San Miguel. Hoy por hoy, no debe existir un objetivo de mayor importancia que este.