Las normas sobre autos ilegales deben cumplirse

El problema de los autos rurales vuelve a estar en el tapete. Como se sabe, el Gobierno anunció que ayer empezaba el control de la legalidad. El balance de secuestros de la jornada es mínimo: apenas doce unidades. Sin embargo, declaraciones recogidas por nuestros periodistas muestran que los remises truchos continuaron circulando, libremente y en gran cantidad. Esto, por razones que irían desde lo flojo –y poco serio- de los controles, hasta los recursos que utilizan los choferes para evitarlos, como es el uso de rutas alternativas. El asunto no es menor.
Un vehículo que se desplaza por la carretera sin permiso oficial, generalmente en pésimas condiciones, con choferes a veces sin registro y carentes de toda cobertura, constituye una verdadera bomba de tiempo, cuyo estallido puede expresarse en sangrientos accidentes. Frente a esa perspectiva, no es posible que el Estado adopte la tesitura de mirar al costado, o de disponer  verificaciones carentes de rigor, que viene a ser lo mismo. Se ha dado oportunidad a todos los ilegales de incorporarse al sistema. La oferta ha obtenido un éxito relativo. Según el director provincial de Transporte, se inscribieron 1.650, frente a un cupo existente de 1.780 plazas. La reticencia, que se mantuvo a pesar de las concesiones que se hicieron, deriva de que lamentablemente muchos no tienen interés de encuadrarse en el registro, y prefieren seguir actuando como hasta ahora. Ni qué decir que estos propósitos están alentados por una clara conciencia de impunidad. Puesto que han ido pasando los años sin que se tome ninguna medida concreta respecto de ellos, suponen que la tesitura habrá de mantenerse siempre, a pesar de las normas fijadas y de las declaraciones oficiales.  Evidentemente, no puede aceptarse semejante estado de cosas. En  primer lugar, porque representa un franco desacato de la ley, cosa que de ninguna manera es admisible. Y también, porque crea una situación injusta de desigualdad en relación con quienes confiaron en el nuevo régimen y procedieron a inscribirse. No puede el Estado tolerar, por elementales razones, que existan “hijos y entenados”, es decir, que algunos estén obligados a cumplir la ley y otros no lo estén, por su propia decisión. La cuestión nos parece clara. Corresponde al poder público la obligación  de hacer observar estrictamente las normas que sanciona, por todos y en toda circunstancia. En ese sentido, ha de organizarse un sistema de control que sea lo suficientemente estricto como para que nadie pueda mañosamente sortearlo. Y la consecuencia, para todo conductor ilegal que se detecte, debe ser indefectiblemente el secuestro del automotor, de manera que no pueda seguir circulando.
Pensamos que es hora de que el Estado se ponga firme, y demuestre que las disposiciones que adopta son realmente obligatorias, y no meras expresiones de anhelo que no pasan del papel. En este punto está implicado, además, un tema de importancia fundamental, como es la seguridad pública. Frente a ello deben cesar todas las contemplaciones.
La cuestión del transporte trucho debe ser una de las más antiguas y meneadas entre nosotros. Creemos que, puesto que se ha sancionado un ordenamiento a su respecto, donde se contemplan -con gran generosidad- todas las situaciones, el estado de ilegalidad tiene que cesar definitivamente. De otro modo, continuará vigente entre nosotros un estado de cosas que singulariza negativamente a Tucumán dentro del cuadro de las provincias argentinas. Quien intente hacer de remisero fuera de la legalidad, debe tener claro que el poder público se lo impedirá, de aquí en adelante. No hay otro modo de enfocar el problema.