Entre dar el pescado o enseñar a pescar

El Gobierno nacional se ha propuesto bajar la tasa de desempleo a un dígito, considerando como ocupados a los beneficiarios de planes sociales. Algo que en los hechos parece una ilusión, porque esos montos están lejos de una canasta básica actual, de $ 857. A menos que puedan llegar a buen puerto -esto es, que se sostengan en el tiempo- experiencias de economía social como el programa “Manos a la obra”, que promueve el salto entre “recibir el pescado” y “aprender a pescar”, como ha definido, de paso por Tucumán, el viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
A diferencia de programas como Jefes y Jefas de Hogar y “Familias para la inclusión social”, definidos como “políticas compensatorias”, ”Manos a la obra” estimula el desarrollo y la recuperación de una cultura del trabajo. O, quizás, y ahí esté la clave, se fijó la meta de fundar una nueva cultura del trabajo, para no caer en una nueva “Ilusión”. Precisamente, “Ilusión” fue el término que utilizó en Tucumán el historiador Luis Alberto Romero para tratar de entender por qué la democracia reconquistada en 1983 no colmó las expectativas de los argentinos. La ilusión, observó Romero, fue pensar que el Estado -y la sociedad- de 1983 eran los mismos que los de 1912 y 1945, épocas de movilidad social y pleno empleo. Y por eso, los resultados a la vista dolieron tanto.
El desafío de programas como el “Manos a la obra” (por el cual han llegado a Tucumán $ 11 millones que beneficiaron a 2.250 emprendedores) consiste en dar cuenta de esa diferencia. En el diseño del “Manos a la obra”, el Estado no es ya  un gestor omnipotente, sino que promueve la inserción en el mundo de los que fueron desplazados del trabajo. Contempla nuevas formas en las relaciones de producción, porque incorpora la modalidad del emprendedor, de la asociación de diversos actores de la economía.
Curiosamente, el plan “Manos a la obra” no ha sido valorado en su dimensión potencial de economía social. Las razones son diversas; principalmente, la eterna sospecha de que las políticas sociales se han convertido en la “nueva caja política” (que no es tan nueva).
Apartando la irrupción de bolsones a granel en épocas electorales, se trata de vislumbrar la racionalidad de los programas sociales, que no se agotan en la entrega de las polémicas raciones. El plan “Jefes y Jefas de Hogar” fue criticado por promover la vagancia y por ser prenda de punteros políticos. Hace unos meses comenzó la migración al Programa “Familias para la inclusión social”, por el cual la asignación del Estado crece acorde con la cantidad de hijos que registre el grupo familiar. Profesionales de CAPS de barrios muy pobres afirman que no pocas mujeres buscan el sexto hijo para acceder a los $ 275 que contempla el plan para esa estructura familiar. Y que las más arriesgadas buscan el séptimo hijo en pos de una pensión no contributiva. Esto es, el hijo convertido en prenda de intercambio con el Estado. El viceministro Arroyo dijo a LA GACETA que el monitoreo sobre los beneficiarios del plan Familias en el NOA mostró un aumento de los embarazos en esos sectores. En el Familias no hay contraprestación laboral. Sólo hay que garantizar la continuidad escolar de los hijos, y su asistencia sanitaria. A diferencia del “Jefes”, el “Familias” no es incompatible con otra fuente de ingreso, si esta no sobrepasa el salario mínimo. En  teoría, la propuesta supera las debilidades de otros programas compensatorios, porque no cierra las puertas a la búsqueda de un empleo. En los hechos, se estima que la tarea de este Estado promotor deberá ser la de persuadir a esas mujeres a no resignar la experiencia cultural y laboral de los emprendedores.