Bifronte

Mal olor, aguas verdosas y aire lleno de suciedad. La contaminación es el espejo de la contradicción de nuestra sociedad, porque mientras los vecinos de la capital, de Aguilares o de Tafí Viejo se quejan por el hollín y por los olores y los líquidos infectados que se arrojan a canales y ríos, las empresas sostienen que están haciendo inversiones para cuidar el medio ambiente. Y el Gobierno exhibe dos costados opuestos, como las caras de Jano: por un lado dice que tiene una política que, con el plan Producción limpia, cuenta con la adhesión voluntaria de las fábricas, y por otro afirma, como dijo ayer el subsecretario de Recursos Hídricos, Alfredo Montalván, que el 93% de las empresas no cumplió con las normas, y que comenzarán a sancionarlas.
¿En qué quedamos? ¿Estamos mejor o estamos peor? Hace 11 años, cuando Antonio Bussi era gobernador, anunció que en cinco años se iba a poder pescar en el río Salí, y hoy el defensor del pueblo   Jorge García Mena sentencia que sólo hubo paliativos. Sí hay, dice, una etapa de prevención con campañas, pero nunca llega una segunda etapa más coercitiva. Montalván acaba de prometerla. ¿Cumplirá? De las palabras del subsecretario no puede sacarse una idea clara de lo que hará el Estado, porque a la vez que da a conocer el informe con los  incumplimientos, parece que minimiza la queja vecinal, cuando afirma que “no es que las empresas contaminen más, sino que los vecinos tienen menos tolerancia a las cuestiones ambientales”.
A decir verdad, no es una lucha entre buenos y malos, sino de un caos en el que no resulta tan fácil imponer decisiones como se hizo con la ley de las 4 de la mañana o la prohibición de fumar. Acá hay fuertes intereses y las empresas, ya sea que reconozcan o no que son infractoras, tienen argumentos también acerca de la forma en que los intereses políticos inciden en la pésima calidad de vida que tienen los vecinos afectados. Por ejemplo, la citrícola Citromax, tras el escrache que le hicieron los vecinos de Tafí Viejo, dio a entender que los barrios afectados eran hace 20 años terrenos fiscales para un parque industrial, y que punteros políticos los entregaron a sindicalistas para hacer planes de viviendas. Lástima que no se puede parar lo que ya se hizo ni denunciar a los que lucraron políticamente con las necesidades de la gente.
García Mena lo define: “es notorio que no hay una política clara sobre medio ambiente”, por más que no le guste a la directora del área, Patricia Jalil de Arriazu, apologista del programa que otorga 20 años a los productores para eliminar la quema de caña. García Mena dice que los ingenieros del INTA se quejaron de que no los consultaron para hacer esta norma carente de sentido común.
Hasta ahora, el Gobierno esquivó su responsabilidad, y por eso fue aplazado en las conclusiones del informe de la Fundación Ambiente y Recursos naturales, que él mismo encargó. El informe dice que hay atomización de competencias y desconocimiento de las normas. Después Jalil de Arriazu trató de refutarlo, pero sólo quedó claro que por un lado está el anuncio fuerte de obras públicas con que se maravilla a la gente, y por otro la impotencia para lograr cambios sustanciales en temas estructurales. Son los lados del Tucumán bifronte.