Incomprensible confusión oficial

La Universidad de Buenos Aires parece haber perdido su condición de institución ejemplar de la cultura argentina, para convertirse en testimonio del deterioro institucional que afecta a diversos sectores de nuestra vida pública. Perdido el diálogo por incapacidad para reunirse y deliberar, la asamblea universitaria integrada por 236 decanos, representantes del profesorado, graduados y alumnos, no ha podido designar nuevo rector en cinco oportunidades desde abril, frustradas por actos de fuerza de minorías propias y ajenas.
Seguramente esas situaciones se habrían evitado si en la primera ocasión, el 4 de ese mes, el Ministerio del Interior no hubiera ordenado retirar la custodia policial solicitada ante las amenazas de ocupación por el rector del Colegio Nacional Buenos Aires, sede de la asamblea convocada. El pretexto del ministro Aníbal Fernández para proceder así fue que debía respetarse la autonomía institucional de la UBA, cuya defensa quedó por tal causa librada a los riesgos de la intolerancia de sectores de la Federación Universitaria de Buenos Aires, del Partido Obrero y del Movimiento Socialista, opuestos a un candidato supuestamente mayoritario.
Reiteradas las solicitudes de custodias para las siguientes citaciones, en la última, hace una semana, el ministro accedió, para desistir después nuevamente, alegando que no todos los convocantes de la asamblea apoyaban el pedido.
El titular de la cartera política del Gobierno llegó a sostener que su función no es participar de problemas universitarios, mas, paradójicamente, sí lo hizo, pues con ello contribuyó a impedir el funcionamiento institucional de la UBA.
Ciertamente, la preservación del espacio donde deben funcionar las instituciones es una de las misiones de la fuerza y el orden público, sin que ello implique interferir en los valores preservados. De ser correcta la explicación del ministro político, vaya por caso, el Congreso de la Nación o la Corte Suprema de Justicia podrían quedar inermes para preservar sus independencias institucionales frente a la eventual violencia de la intolerancia.
Pero, más concretamente, la ley de defensa del orden constitucional, incorporada al Código Penal, sanciona el entorpecimiento contumaz de quienes impiden la instalación y la renovación de los poderes públicos; tal es el caso de los intentos de asamblea para designar nuevo consejo superior en la UBA.
En los próximos días deberá producirse una nueva convocatoria y podrá observarse si esa sorprendente tesis ministerial se mantiene e  impide el pleno funcionamiento institucional de la mayor universidad del país.
Si ello se repitiera, podría surgir una oscura sombra sobre la histórica autonomía de la UBA, algo que desde la “noche de los bastones largos”, bajo una dictadura, no provocaría tanto motivo de inquietud. Seguramente que el error oficial de abstención se agrava por la fuerte devaluación del sentido deliberante en la comunidad universitaria, devaluación ínsita en nuestra sociedad y en buena parte de los poderes públicos y de la clase política.
La autoridad de aplicación, en este caso el Ministerio del Interior, debe advertir que esa frustración de las asambleas, condicionadas por intimaciones de grupos que, inclusive, no siempre están vinculados a la universidad, implica una virtual toma perpetua de la institución que, de perdurar, daría motivo a una intervención como la que el ministro Aníbal Fernández ha pretextado tan erróneamente para dejar sin protección el espacio institucional de la UBA ante sus agresores.