Silenciosos proyectos de radiodifusión

El Poder Ejecutivo Nacional remitirá próximamente al Congreso un proyecto sobre régimen de radiodifusión en sustitución de la ley vigente, 22.285, dictada en 1980 durante la dictadura y cuya vigencia se mantiene merced a innumerables y contradictorios retoques de sucesivos gobiernos. Una iniciativa de esa naturaleza debería poner fin al desorden y a la incertidumbre que afecta al sistema de medios públicos y privados, con la garantía de un amplio debate de los factores en juego, lo que hasta el momento no ocurre. La reforma global del viejo régimen legal debe contemplar dos aspectos: el gran avance de la tecnología y los contenidos que aseguren la independencia de los poderes políticos, así como los fines éticos, culturales y sociales de la comunicación.
La autoridad de aplicación es actualmente el Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), pero no se distingue por su capacidad para ejercerla, como puede deducirse del cúmulo de irregularidades con que funciona el sistema y la impunidad de innumerables contenidos y responsables. Hace ya más de un año que el Fondo Nacional de las Artes promovió un movimiento recuperador ante la incapacidad del organismo estatal, que congregó numerosas voluntades institucionales. El intento feneció en el camino, seguramente impotente para corregir lo que el desorden protege.
El régimen en estudio debería contemplar, entre otras creaciones, un organismo de control con carácter pluralista y suficientemente representativo. También un ente no gubernamental para dirigir el sistema público de radiodifusión, convertido desde hace décadas en oficina manipuladora del ciclo político de turno. Los testimonios en este orden son tan abrumadores y bochornosos como las caídas de audiencias del sistema oficial. Debe recordarse que en noviembre de 1999 el Congreso convirtió en ley la reestructuración de Argentina Televisora Color y de Radio Nacional, creando una sociedad estatal no gubernamental bajo control del Poder Legislativo, gestionada por un variado  espectro de sectores sociales. Sin embargo, el cambio de gobierno nacional en aquellos días vetó la innovación ya publicada en el Boletín Oficial, manteniendo el viejo modelo de oficina gubernamental.
En aquella ocasión LA GACETA señaló editorialmente: “Si la reglamentación a que debe dar lugar la flamante ley se ajusta suficientemente al objetivo que la inspiró, ese poderoso complejo difusor de la imagen y de la palabra puede convertirse en el instrumento de información y de cultura que nuestra sociedad merece, dejando de ser un aparato tradicionalmente manipulado por los intereses políticos de innumerables gobiernos”. Pero no fue así, y el sistema seudo-público siguió contribuyendo al daño cultural y de la comunicación social.
La noticia sobre el proyecto en ciernes y su forzada confirmación, aunque sin mayores detalles, hace temer por un nuevo intento de elevar al Congreso otra iniciativa al viejo uso y con mayoría fiel asegurada.
Lo aconsejable en prevención de tal posibilidad consiste en revisar el debate de todo lo que se dijo en las sesiones parlamentarias de 1999, cuando no pocos de los legisladores protagonistas de aquella ley innovadora siguen siendo hoy partes de los poderes públicos, incluso en las mismas bancas. Por lo demás, el tema requiere de un tiempo relativamente prolongado, si se apela al intenso proceso de consultas con los numerosos factores involucrados, tal como en aquella ocasión, donde el frustrado régimen sancionado se aprobó mediante amplio y llamativo consenso.