La droga, un problema central en Tucumán

Hasta hace un par de décadas, aproximadamente, nuestros editoriales sobre el problema de la venta y el consumo de drogas se referían a la cuestión como algo lejano, y que afectaba sólo a los adultos. Se pensaba que felizmente no había llegado a nosotros, y que nunca llegaría. Como está a la vista de cualquiera, la realidad actual es absolutamente diferente. El consumo de las nocivas sustancias alucinógenas, no solamente se halla instalado en Tucumán, sino que afecta especialmente a los menores.
Sería sobreabundante recapitular las expresiones que confirman esta apreciación. Alarma que la edad de los consumidores sea cada vez más baja; alarma la cuantía de su expansión; alarma la facilidad con que se accede a la droga; alarman las consecuencias que todo esto tiene en la conducta y en la seguridad de la provincia en general.
Es evidente que si existen cada vez más consumidores de esas sustancias, es porque se amplía de modo creciente su red de expendios.
Tal es el cuadro de situación, planteado sin exageraciones y acudiendo solamente a los datos que suministra la realidad.
Hace pocos días, el gobernador José Alperovich no pudo menos que reconocer que el tema lo ha desbordado, y que para encararlo necesita toda la ayuda que puedan suministrar los especialistas del tema, tanto en la prevención como en la tarea de recuperación.
En nuestra edición de ayer, consta que en el consultorio de la Asistencia Pública de la ciudad aparecen casi 70 casos nuevos de adicciones por semana, cifra que cada año aumenta y que impide dedicarle la atención personalizada indispensable: por ejemplo, recién tienen turno para atender en octubre próximo, a pacientes que necesitarían urgente tratamiento. Todo esto se da en el marco -que igualmente consigna nuestra edición- de madres de jóvenes drogadictos que solicitan desesperadamente ayuda: les resulta imposible contenerlos en sus casas, dado que “a la vuelta de cada esquina consiguen droga”, según expresaron.
Frente a tan dramático panorama, la acción del Estado existe, aunque no parece en modo alguno suficiente.
El Gobierno anunció que en el término de un mes se inaugurará un centro de rehabilitación.
Pero sucede que el lugar estará destinado a mayores de 18 años, lo que significa que no se atenderá específicamente la adicción de quienes estén por debajo de esa edad. Es decir, quedará sin cobertura una franja de enorme significación, que hasta el momento crece sin cesar, de acuerdo con todos los testimonios.
La droga debe combatirse, como es obvio, operando sobre el tráfico, por un lado. Y por el otro, procediendo a la tarea de prevención y de rehabilitación de las víctimas de aquel. Todo ello de modo simultáneo con una tarea de fuerte concientización en las escuelas y en los hogares, utilizando al máximo todos los medios de comunicación y difusión al alcance del poder público. Es un problema que afecta a toda la comunidad, desde sus sectores más desvalidos hasta los más afortunados. No hay otro camino. La cuestión es, como siempre, el cómo.
Allí es donde deberán actuar los expertos, que sin duda existen en ambos rubros, y el Estado tendrá que adoptar las decisiones presupuestarias y políticas del caso, sin ahorrar esfuerzos. Estamos ante una verdadera emergencia. Si no se controla, hará un impacto tan tremendo como irreversible en el capital más valioso que tiene la sociedad, que es su juventud.