Cartas

24 Julio 2006
MEDICOS
 No me queda claro qué quiso decir el presidente del Colegio Médico al referirse a que “el profesional debe evaluar a sus pares” y que existe “un consenso interno total de que cada colegio debe controlar la matrícula”.
Estoy convencido, y creo en este sentido interpretar el pensamiento de numerosos colegas, de que tratándose de una profesión de tanta trascendencia social como la de los profesionales de la salud, el Estado, junto a las facultades de Medicina de universidades nacionales o privadas debidamente autorizadas por el Ministerio de Educación de la Nación, deben ser quienes ejerzan adecuadamente el control del desempeño profesional.
En caso contrario estamos ante el peligro de que una comisión directiva de turno, elegida políticamente, sea quien determine, pago de un arancel mediante, cuál médico puede o cuál no, ejercer su trabajo profesional. Además, pienso que el ejercicio ilegal de la medicina, al que también hace referencia el colega directivo, debe ser detectado y denunciado antes que nadie por el Estado y penalizado por la Justicia. Lo mismo que cualquier otra conducta o procedimiento profesional incorrectos.
No nos olvidemos, y es esto un lamentable ejemplo, que hace algunos años, unos pocos afiliados del Colegio pretendieron defraudar a la Obra Social Provincial y fueron descubiertos, no precisamente por los controles de la entidad.

José Luis Allori
Manuel Alberti 926
S.M. de Tucumán


HOLLIN
 Pareciera que se ha instalado la cultura de que todavía hay mucho por hacer o que están trabajando para que no vuelva a suceder o que están persuadidos de que en el futuro no se repetirá. Me refiero a la carta sobre el hollín del 6/6. Me excuso ante el lector de responderle, sin más, impugnando su autoridad para calificar mi ignorancia sobre estos temas de la actividad azucarera. Y le pregunto nuevamente: ¿dónde estaba él cuando el hollín cubría el cielo tucumano en multimillonaria presencia y por si esto fuera poco, cachazas y vinazas contaminaban el Dique de Río Hondo en toda su extensión?

Juan Carlos Paesani Sal
Maipú 496 (1º “A”)
S.M. de Tucumán



DELINCUENCIA
 Más que preocupantes, son lamentables las declaraciones del gobernador José Alperovich cuando indica que la delincuencia es un tema que no sabe cómo abordar.
Esto demuestra que nunca su gobierno ni los anteriores han tenido un plan para combatir y tratar de erradicar la marginación social, que es mal de todos los males. Porque un niño que crece en un hogar bien constituido es muy posible que llegue a ser un  hombre de bien. No ocurre lo mismo con los niños que se crían en la extrema pobreza y en el hacinamiento.
A veces me da tristeza cuando Néstor Kirchner, Carlos Tomada u otros funcionarios nos hablan de que se ha bajado el índice de desempleo. Esas cifras no son exactas porque la situación demográfica y los medios que tiene la clase media y alta son muy distintos de los que hay en los asentamientos y villas de emergencias.
Además, el índice de aumento de la población carcelaria es alarmante. La mayoría son desposeídos y semianalfabetos. Entonces, la falta de empleo estable y de educación inciden en la delincuencia. Hay una frase célebre y cierta: “el trabajo dignifica al hombre”. Dichoso de aquel que ha tenido la suerte de  encontrar un empleo sólido y bien pagado porque se siente que ha encontrado su identidad como persona.
Mientras no haya un censo y se trabaje fuertemente para bajar la extrema pobreza e incluso el control de la natalidad en zonas de hacinamiento y de analfabetismo, la delincuencia y la drogadicción serán factores excluyentes que aumentarán la inseguridad en la población.

Juan Luis Frías
jlfrias@hotmail.com.ar.


BOSO

 La Constitución de 1990 contemplaba que el ciudadano esté amparado jurídicamente. Eso en este caso supondría cobrar en tiempo y forma lo que se nos adeuda. (Con más razón si tiene carácter alimentario). Lo lógico sería que la nueva Constitución también garantice en igual o mejor condición estas situaciones y otras. El Poder Ejecutivo nos adeuda por despido desde el año 1996 a la fecha nuestra indemnización, que se nos debió abonar en títulos Boso. Por desgracia no podemos acudir a la Justicia debido a que todos los años se prorroga la vigencia de la Ley de Emergencia Económica, norma esta que anula la Constitución desde el año 1990; y ahora la nueva Carta Magna de 2006. ¿Si la Ley de Emergencia sigue vigente, qué objeto tuvo sancionar una nueva Constitución, más si esta no garantiza el derecho de su pueblo? Me educaron para respetar, entre otras cosas, la Constitución, porque ella representa la ideología de una Nación, y sus anhelos, derechos y obligaciones, (desde hace mucho tiempo que lo antes dicho no se refleja en la realidad). Mi esposo, por expediente Nº 4.153/323-D-1999, (referente de expediente Nº 856/323-D-1997),  solicitó el pago de indemnización por despido sin causales, por reestructuración administrativa (Decreto Nº 2.839/1-1996). Desde ese momento hasta la fecha, el expediente recorrió varias veces las oficinas de Presupuesto, Contaduría de la Provincia, Ministerio de Economía. También estuvo en calidad de archivo provisorio en la Dirección de Apoyo de Economía, etcétera. Actualmente está de regreso en Fiscalía de Estado, a pesar que ya tiene tres dictámenes).

Antonia N. del Valle Liendo
Pje. Virrey Vertiz 3.373
S.M. de Tucumán



TRAMPA

 En estos días, un joven alto, de buena presencia, que conduce una motocicleta de baja cilindrada, de marca japonesa, color azul, nueva, se hace pasar por empleado de la Anses. Se presenta en los domicilios de los jubilados, y les dice que la entidad está pagando retroactividades con relación al 82%. Con papeles truchos, trata de hacer caer a los jubilados, y les pide el pago anticipado de dinero ($ 130), por cuanto la Anses -dice- debe actualizar urgentemente esos pagos. Para ello -continúa el embaucador- se debe concurrir a las entidades bancarias con el formulario trucho que entrega, y solicitar las tarjetas de pago o de cajero automáticos. Asegura que se instaló un nuevo sistema con tarjetas que deberán retirarse al momento del pago de esa retroactividad. Así trata de conseguir dinero y la entregas de la documentación. Ya son muchos los casos de jubilados que cayeron en la trama que hábilmente teje este individuo inescrupuloso. Si a la Anses le interesa el dato, poseo la identificación de la chapa patente del rodado.

Hugo César Navarro
Av. Francisco de Aguirre 1.582
S.M. de Tucumán



TRANSPORTE

 Soy usuario de la línea 19. El viernes pasado, en la esquina de avenida Independencia y Miguel Lillo, tuve que tomar un taxi después de la medianoche porque, luego de una espera de 45 minutos, no apareció ninguna unidad de esa empresa ¿Qué pasa, gobernador, con todas las medidas de seguridad que usted dice haber tomado y con las garantías de transporte nocturno en los fines de semana? El pueblo tucumano necesita un representante serio, que haga valer sus palabras con hechos.

Carlos Andrés Gutiérrez Yapur
andresg1982@yahoo.com.ar


Las cartas para esta sección deben tener un máximo de 200 palabras, en caso contrario serán sintetizadas. Deberán  ser entregadas en Mendoza 654 o en cualquiera de nuestras corresponsalías haciendo constar nombre y domicilio del remitente. El portador deberá concurrir con su documento de identidad. También podrán ser enviadas  por e-mail a: cartasaldirector@lagaceta.com.ar, consignando domicilio real y Nº de teléfono y de documento de identidad. LA GACETA  se reserva el derecho de publicación.






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