El pecado de ser productor agropecuario

En Tucumán -y en el país también-, pareciera que ser productor agropecuario es un pecado que debe ser pagado en vida. Productor agropecuario -entendido como aquel que trabaja la tierra con un cultivo determinado-, al que se sobrecarga de impuestos y se maltrata demasiado a menudo, aun cuando nadie desconoce que es precisamente el hombre de campo el que sostiene en gran medida la recaudación nacional -y provincial- de impuestos. En este marco, el paro agropecuario nacional en marcha, más que una protesta organizada, se asemeja a una verdadera expresión de hartazgo.
Desde 2002, la agroindustria se vio ampliamente favorecida por la devaluación del peso y por un contexto internacional caracterizado por el alza sostenida de los precios de los commodities. En un escenario de este tipo, el Estado nacional puso en marcha las retenciones a las exportaciones de los principales productos agropecuarios que exporta el país, como la soja, la carne y los lácteos. A partir de esta decisión, que subsiste hasta hoy, el Gobierno central no sólo encontró una forma rápida y segura de financiación de sus gastos, sino que halló las herramientas necesarias para mantener con “rienda corta” al sector productivo argentino. Así, desde 2002 hasta 2005 incluido, el Estado se quedó con una cosecha completa de soja gracias a las retenciones, y forzó acuerdos de precios para combatir la inflación con los sectores que producen los alimentos fundamentales de la canasta básica, so pena de aplicar o incrementar el castigo a los que exportan.
En su afán por frenar la disparada de los precios de la carne, el gobierno de Néstor Kirchner aplicó en marzo último una medida apresurada que provocó un daño irreparable en este sector, al suspender por 180 días las exportaciones de este producto para aumentar su abastecimiento en el mercado interno. En esta decisión no se contemplaron algunos aspectos clave, como que los cortes de carne que se exportan no son los mismos cuyos precios se pretendía que bajen, o que en todo caso la medida iba a afectar a miles de ganaderos que no participan en la formación de dichos precios. Cachetazo para todos por igual, sin medir las consecuencias ni pensar en los años de trabajo sistemático y a conciencia para conquistar los difíciles mercados compradores del mundo, que se perdieron de un plumazo por un arrebato oficial. Ahora, mientras se esperan los detalles del plan ganadero que prevé anunciar hoy el Gobierno, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) -organizadora del paro- analiza las reacciones de la medida de fuerza para ver la posibilidad de extender la protesta.
Los productores tucumanos no sólo entran en las generales de la ley en lo que respecta a disposiciones nacionales; también operan en Tucumán, la segunda provincia con mayor presión fiscal en el país. Aunque nadie desconoce el buen momento económico por el que atraviesa el sector, aquí el campo no sólo debe tributar ingresos brutos, sellos y salud pública (gravámenes que no existen en muchas otras provincias), sino que ahora espera un incremento en las valuaciones fiscales, que se determinarían en algo menos de 60 días, según lo anticipó el gobernador José Alperovich. Más allá de que muchos lotes rurales seguramente demandan una actualización en sus valuaciones, habrá que ver si luego de esta modificación se produce una baja en la alícuota del impuesto inmobiliario rural, del 1,2% anual del valor de la propiedad, valor elevado para los agricultores.
Lamentablemente para los hombres de campo, pagar impuestos en una de las provincias más caras del país no representa una garantía de una eficiente contraprestación por parte del Estado tucumano. Al menos en infraestructura caminera no se perciben demasiados avances respecto de años anteriores, cuando la recaudación del fisco provincial era sensiblemente menor a la actual. Debido al pésimo estado de las rutas terciarias de la provincia, los agricultores deben enfrentar dos alternativas: o destruyen sus vehículos transitando por caminos destrozados, o mandan sus camiones y tractores por las vías principales, con el riesgo que este accionar representa para las vidas humanas.
Probablemente, si el Estado cumpliera con su función de contraprestar en obras y servicios los dineros que recauda del campo, las quejas o los argumentos en contra de la política fiscal no serían tan fuertes y sólidos como ocurre actualmente.