La desesperada búsqueda del enemigo

El 7 de mayo, LA GACETA le preguntó al gobernador José Alperovich qué sentía cuando hablaba en público, para una nota que fue publicada en el suplemento Actualidad. El mandatario respondió: “me tiemblan las manos y las piernas. Me cuesta horrores hablar ante la gente; me da pánico. Nunca pude hacerlo bien... Me pongo nervioso, rojo, y comienzo a transpirar”. Esta puede ser una explicación para algunas de las cosas que dice el gobernador. Winston Churchill, al respecto, aseguró: “A menudo me he tenido que comer mis palabras y he descubierto que eran una dieta equilibrada”.
¿Quién es el enemigo de Alperovich? Una vez la emprende contra los empresarios; otra, contra los agricultores; otra, contra los políticos; otra, contra los magistrados; ayer, contra los legisladores; hoy, contra los abogados. Pareciera que hiciera un culto de la confrontación, o de que no puede soportar que alguien piense diferente. “Se hace como yo digo, o no se hace”, sería uno de sus lemas. “Hay dos formas de hacer las cosas: la mía y la equivocada”, sería otro.
Esta semana, el gobernador sorprendió. Le dio la razón a quien, en los últimos meses, se ha convertido en uno de sus principales detractores, Alberto Lebbos, el padre de Paulina. “La inseguridad es uno de los puntos pendientes de mi gestión”, dijo el martes, cuando anunció la puesta en marcha de un plan de “tolerancia cero” para con los delincuentes, con quienes la Policía debía ser implacable. ¿Por qué salió a decir esto el gobernador? Es cierto que Tucumán no se puede jactar de ser Berna, Suiza, pero tampoco es San Pablo, Brasil. ¿Acaso ya estaba un poco cansado de la polémica con el CAM y decidió cambiar el enfoque de la información? De ser así, fue muy hábil; y aunque no hizo más que decir una verdad, se puso del lado del pueblo. Alperovich no quiso quedar descolocado. Desde el principio de su gestión, confió en que los hombres que manejan el área de seguridad le alejarían los problemas. Así lo hizo con Pablo Baillo y su lugarteniente Osvaldo Nieva, y así lo hace ahora con sus reemplazantes, Mario López Herrera y Eduardo Di Lella. A sus ministros les dio carta blanca. Nunca supo bien quiénes eran los jefes de Policía que se designaban hasta que se los presentaban, aunque también hizo oídos sordos a los postulantes que le acercaban algunos “especialistas” en seguridad que lo rodean.
El famoso plan de seguridad que anunció esta semana está en marcha desde hace al menos 20 días; pero él no lo sabía. Y cuando se enteró, no quiso quedar descolocado. No es raro entonces que sus anuncios hayan sido realizados el martes, en el barrio San Fernando, cuando esa misma noche iba a realizarse la primera marcha político social por el caso Lebbos. Esto es que, por primera vez, agrupaciones de ideología tan disímil como el Partido Obrero y Ciudadanos Independientes se unieron bajo la bandera de la inseguridad y de la lucha contra la impunidad. Igual que en un mitín político, una parte del arco opositor -Gumersindo Parajón (PU), Martín Correa (PO), Héctor Manfredo (PC)- sintió que se trataba del lanzamiento electoral con miras al 2007. El acto fue cerrado por el mismo Lebbos, que recibió el aplauso, entre otros, de los Ciudadanos Independientes Rodolfo Danesi y Roberto Sobre Casas, y de Liliana Signorelli de Aráoz, de Acción por la República. ¿Se estará gestando un nuevo frente político para la compulsa de agosto del próximo año? No fueron pocos los que notaron que más que realizar un legítimo reclamo de justicia por decenas de casos policiales que aún no tienen culpables, se estaba en una plataforma de neto corte eleccionario, por lo que se retiraron antes de los discursos.

Acusaciones cruzadas
Por lo bajo, hay una pelea sorda entre los fiscales penales y la Policía. Los segundos, tal como sucedió con el caso de José Dionisio Corbalán, a quien mataron de un tiro en el pecho el 12 de julio en Lastenia, dijeron que el acusado, Juan Nazareno Leiva, ya había sido detenido en otras oportunidades, y que la Justicia lo había liberado. En contrapartida, desde la Justicia, tal como sucede en el juicio contra Carlos Conti, el joven acusado de matar a dos remiseros, se pone en duda la capacidad de la Policía para investigar, y se afirma, tal como lo dijo el defensor Luis Acosta, que supo ser secretario de Gobierno durante la gestión de Julio Miranda, que los uniformados “arman causas”.
En una provincia con superávit, donde todo parece solucionarse con dinero, lo mejor es tener un enemigo a quien cargarle las culpas. Y si no existe, hay que inventarlo. La delincuencia no desaparecerá nunca. Pero no por ello se debe dejar de combatirla. Si es el propio gobernador quien debe dar la orden de ser implacable con ella, algo se está haciendo mal.