Un gravoso deber de justicia

El ataque terrorista contra la AMIA, que segó la existencia de 84 seres humanos hace 12 años, es una de las deudas más pesadas que el país tiene sobre su conciencia nacional. Pendiente todavía por consecuencia de la irregularidad política y los errores de los poderes públicos, que no han tenido hasta el momento la condición necesaria para saldar el más grave acto de genocidio contra la comunidad judía desde el holocausto.
Tan dolorosas circunstancias han sido nuevamente motivos de recordación y homenaje a los caídos, y de manera creciente la fundada indignación de sus familiares, que desde entonces demandan esclarecimiento y castigo justo a los responsables. Amén del dolor, una carga de resentimientos por los rumbos sinuosos de las investigaciones de más de una década -no siempre acompañados con prudencia y con ecuanimidad por voces oficiales del poder y de la comunidad agredida- ha provocado en el último aniversario tensiones en mensajes y actitudes que deben lamentarse por no contribuir a la mejor forma de saldar esa deuda, no sólo de justicia sino también moral.
Bajo sucesivas administraciones, el Estado no cumplió con la eficacia requerida y fueron numerosos los responsables de esa gestión que no pueden exhibir comportamientos transparentes. Es verdad, igualmente, que conforme transcurrió el tiempo sin resultados apreciables, las responsabilidades se hicieron mayores, y menores las posibilidades de cumplirlas con eficiencia; todo ello tras el manto de suspicacias que envuelve al sistema judicial argentino.
El actual Gobierno, si bien ha recibido la pesada carga de esa deuda, es seguramente el que menores imputaciones merece, pues su compromiso de llegar al final del problema tropieza con el devastador paso del tiempo de inoperancias.
El dolor de los deudos, expresado con severidad al Presidente, se funda en un justo sentimiento no político imposible de eludir, pero bien vale la moderación de las autoridades comunitarias judías para advertir que el problema circunstancial pudo merecer otro tratamiento. Al parecer, el doctor Kirchner no advirtió oportunamente la necesidad de no quedar ausente del acto público, del que participó invariablemente en oportunidades anteriores, como todos sus antecesores. Mucho menos, que cualquier mensaje a la distancia -durante un viaje a Paraguay que pudo modificarse por horas- debía observar una moderación adecuada a la molestia del tradicional auditorio.
Ese mensaje fue una dura réplica al portavoz y familiar de las víctimas, donde introdujo términos como “contubernio” o “chicanas”, aludiendo a supuestos entendimientos con el menemismo gobernante que trasladaron los hechos y sentimientos a un período polémico de nuestra política. Período del que correligionarios imputados no son objeto jamás de acciones ante los órganos de partidarios. La consecuencia no querida de ese mensaje es la herida en el diálogo con otro sector social o representativo que forma parte secular de la comunidad nacional. Por lo demás, corresponde al poder público asegurar la imprescriptibilidad del terrorismo como delito de lesa humanidad, resuelta por las Naciones Unidas, sin temores a que la decisión descoloque la división de categorías en la violencia bilateral que afectó a nuestro país. Una decisión igualmente pendiente que, según el jefe del Gabinete, vacilantemente, “se entremezcla con los llamados delitos políticos”. La justicia frente al terrorismo debe ser una sola, y esta ha sido otra ocasión donde tal apreciación sesgada está dañando la imagen argentina.