Crisis en las relaciones políticas

El estilo de rechazo que está afectando las relaciones políticas entre los poderes públicos y los factores representativos constituye sin duda el problema más complejo que enfrenta actualmente el país. Lo que comenzó con el deterioro del diálogo interpartidario ha devenido finalmente en una modalidad parlamentaria, donde la confrontación suplanta al debate creativo en el poder republicano más democrático. Seguramente que la insuficiencia, cuando no carencia de políticas de Estado, es el más grave de los resultados, pues genera incertidumbre en la sociedad, limitando los emprendimientos de largo plazo. El juego institucional de la democracia se basa elementalmente en la relación de quienes ejercen el gobierno y la oposición; una relación constante y dinámica donde la crítica aflora, pero el consenso perdura como factor de esas políticas. En esa gestión tiene una influencia decisiva el Congreso, cuya continuidad requiere a tal fin relevos parciales y periódicos de los representantes de la ciudadanía y de las provincias, asegurando la estabilidad institucional y política. De la democracia representativa se dice por todo ello, con razón, que es el sistema de gobierno menos imperfecto de todos los conocidos, pero seguramente el más eficiente, como demuestran las naciones mejor calificadas de la comunidad internacional mediante su desarrollo cultural, social y económico.
La violencia dialéctica que acompaña en estos días al debate sobre el traslado de facultades esenciales del Poder Legislativo y de control al Ejecutivo, y más concretamente al Presidente de la Nación y a su jefe del Gabinete, es un testimonio de deterioro republicano y del modelo democrático que inspira a nuestro sistema constitucional. Reiteradamente, el jefe del Estado sostiene que su gobierno se propone un nuevo orden y que quienes ejercen la oposición están tratando de desestabilizarlo, impidiendo la gobernabilidad. “En el viejo orden -ha sostenido Kirchner- hay gobernabilidad cuando hay acuerdos y pactos dirigenciales permanentes intercambiando cosas y favores; yo llamo a la generación de un nuevo orden que esté por arriba de cualquier tipo de acuerdos políticos”. Como puede observarse según esa definición, los acuerdos y los pactos serían estigmas de la acción política al remitírselos a componendas para retenciones de poder. La figura del saneamiento político sería más apropiada, pero es difícil aceptarla cuando los relevos en las funciones públicas son, en numerosos casos, poco más que formales y representan simples cambios de discursos, mas no de responsables. La reacción de la oposición ante el rechazo que la descalifica es consecuente con las intenciones conspirativas que se le atribuyen, alcanzando la ruptura del diálogo al propio Partido Justicialista.
Las relaciones políticas atraviesan, por todo ello, una fuerte crisis, sin precedentes desde la restauración constitucional, limitándose en el caso del Gobierno a sectores incondicionales con su gestión. A esa situación se agrega la pública estrategia presidencial destinada a producir fracturas en partidos adversarios que, en el caso de la Unión Cívica Radical, están adquiriendo dimensiones excepcionales mediante el uso de recursos públicos sin el necesario control del Congreso.
Será muy difícil retroceder en esa gestión de concentración de poder; mucho más aún, cuando se aproxima un proceso electoral que se adelanta frecuentemente sin dar tiempo a la archivada reforma política. Debilitada la oposición para ejercer su función democrática, será la ciudadanía la obligada a enfrentar con madurez mediante sus opciones, tan peligrosa debilidad institucional republicana.