El manejo de los fondos públicos

La Justicia Federal, a pedido de la fiscalía, ha solicitado diversos informes sobre el manejo de fondos fiduciarios administrados por el Gobierno central. Se trata del “requerimiento de instrucción” necesario para la apertura de una causa ante la eventualidad de un delito.
La iniciativa del fiscal Oscar Almirante se originó a raíz de un extenso informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el más significativo fideicomiso que administra el Estado, con recursos del gasoil. Los fondos fiduciarios son cuentas bancarias especiales provistas con dinero público y manejadas por funcionarios al margen del Presupuesto nacional anual, que fueron reguladas en 1994 por la ley 24.441. En su informe de 120 páginas, la AGN, órgano de control del Congreso presidido por el legislador radical Leandro Despouy, apunta fundamentalmente a la Secretaría de Transporte, que distribuye un promedio diario de $ 6 millones entre los sistemas integrados de transporte ferroviario y automotor para subsidiar tarifas congeladas. El mismo fideicomiso alcanzó también al sindicato de camioneros de Hugo Moyano con 7,5 millones en 2003, elevados a 261 millones en 2005.
El informe de la AGN sostiene que el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, no les exige a las empresas receptoras, ni al gremio de referencia, el cumplimiento de los requisitos para acceder al subsidio de servicios para más de 200 millones mensuales de personas. Es por ello también que la AGN ha señalado con reiteración al Congreso la necesidad de un marco jurídico de regulación de los fondos fiduciarios.
En la actualidad hay más de una veintena de fideicomisos, de los que se constituyeron más de la mitad durante la actual administración. Esos recursos sin control parlamentario constituyen en el presente año un paquete de $ 6.000 millones, cuyos destinos son ignorados por el presupuesto nacional.
Un cálculo de acuerdo con lo ocurrido en los dos años anteriores y en el actual, sobrepasa los $ 30 mil millones, sobre los que no existe constancia alguna de control, pues siguen saliendo mediante decretos del Poder Ejecutivo.
Ese cúmulo de referencias dio lugar a que el juez federal Sergio Torres solicitase informes a la Jefatura del Gabinete de Ministros y al Ministerio de Economía sobre la movilidad de tales recursos que el Poder Legislativo no controla, ni hasta el momento se haya propuesto hacerlo mediante una ley que los regule.
La iniciativa judicial tomó estado público coincidentemente con otros hechos testimoniales sobre la apropiación progresiva de facultades o superpoderes por el Poder Ejecutivo, consentida sin mayores enmiendas por el oficialismo parlamentario, y otras adhesiones forzadas por el requerimiento de recursos provinciales satisfechos por el Gobierno nacional.
La ley de superpoderes permanentes y la reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), en curso de ser sancionadas en los próximos días, son por lo demás iniciativas que permiten al Poder Ejecutivo, como están concebidas, eludir de distintas formas la función de control constitucional del Congreso.
Y por si no fueran suficientes la “caja negra” de los fondos fiduciarios y las leyes de autonomía financiera, desde 2002 perdura la de emergencia económica, cuya duración debe ser establecida por el presidente Kirchner permitiéndole otro conjunto de decisiones, entre las que, si queda alguna posibilidad de control, el oficialismo formal y el forzado optan habitualmente por no ejercerlo.