Una preocupante mora de las comunas rurales

Se ha planteado una curiosa situación en el ámbito de las comunas rurales de la provincia. Interesa esclarecerla de inmediato, ya que está vinculada al delicado tema del destino de los fondos públicos. En nuestra edición de ayer, se dedica una página entera a informar que casi la mitad de las delegaciones rurales -es decir 44 sobre 93- no cumplió con la obligación legal de rendir cuentas de los fondos que les fueron provistos oportunamente. Las fallas son de variada índole: 33 no han rendido tres bimestres del año pasado; otras 9, adeudan la documentación del período julio-octubre, y otras 2 no rindieron el quinto bimestre de 2005. La cuestión registra antecedentes. Cabe recordar que, hace dos años, la Legislatura tuvo que instrumentar un mecanismo de excepción para blanquear irregularidades administrativas de las comunas cometidas entre 1991 y 2003.
Nuestra nota consigna, inclusive, casos de =habilitados -o ex habilitados- de comunas que han sido declarados en rebeldía por el Tribunal de Cuentas, ya que, a pesar de las notificaciones que se les enviaron, no comparecieron ante el organismo.
Es por todos estos funcionarios conocido el dispositivo legal y contable de la Ley Orgánica de Comunas Rurales, que prescribe la realización obligatoria de balances bimestrales por parte de las jurisdicciones y su remisión a la Secretaría de Coordinación de Municipios y de Comunas Rurales. Esta efectúa el control interno y envía todos los papeles al Tribunal de Cuentas, organismo que examinará la legalidad de las inversiones y, en caso de detectar deficiencias, adoptará medidas que van desde los juicios de cuentas hasta los de responsabilidad, además de las denuncias judiciales en caso de posible delito.
El secretario de Coordinación de Municipios y de Comunas Rurales admitió las fallas y las moras en las rendiciones; pero aseguró que, en lo que va de la gestión actual, el problema se ha modificado positivamente, y que se trabaja,desde la Casa de Gobierno para monitorear el respectivo manejo financiero. Observó que no deben olvidarse las deficiencias que aquejan a esas jurisdicciones en materia de infraestructura administrativa.
El problema aparece claro: las delegaciones comunales manejan dinero del Estado -provisto tanto por la Provincia como por la Nación- para su vida normal, pero el destino de esos fondos no queda claramente establecido por la falta de elevación reglamentaria de los balances. Sin duda estos casos irregulares pueden tener algunos justificativos; pero también es verdad que no pueden admitirse sino en caso excepcional. El uso de todo dinero público, sin importar su cuantía, debe estar respaldado por la documentación que la ley exige. Y esta debe ser registrada y elevada, sin dilaciones, a la autoridad jerárquica de control correspondiente.
Cuando ello no ocurre, están dadas las condiciones para una peligrosa situación de falta de transparencia, que en ningún caso es posible admitir ni excusar. Tal es el principio general que, está de más decirlo, constituye la base mínima de toda administración.
Consecuentemente, nos parece que el Gobierno provincial debe adoptar inmediatamente medidas para que situaciones como la planteada se corrijan sin pérdida de tiempo y en detalle. El dinero del Estado es dinero de los ciudadanos; su masa se forma a través de lo que estos tributan. Por lo tanto, la ciudadanía tiene derecho a saber perfectamente en qué y cómo se invierte hasta el último centavo, lo que sólo es posible si en poder de la administración central obran todas las rendiciones de cuentas, efectuadas como corresponde y elevadas con la máxima puntualidad.