Sin espacio para la divergencia

La voluntad política de domesticar las instituciones y la opinión pública independiente no sabe de pausas, ni de vacaciones invernales. La escalada de ataques del alperovichismo contra el Colegio de Abogados se intensificó tras el acto del 9 de Julio y se inscribe dentro de esa concepción que lidera la Casa Rosada. El presidente, Néstor Kirchner, inició ese día una serie de agresiones a la prensa que fue alcanzando sucesivos picos de virulencia extrema a medida que avanzaba la semana. La presencia de la senadora Cristina Fernández de Kirchner en esa concentración partidaria en la que se transformó la celebración patria fue llamativa. Existen razones que hacen pensar que su aparición por estas latitudes obedeció a la idea de mostrarla en vivo en Tucumán, ante la nada desdeñable perspectiva de que sea candidata a presidenta en 2007. Su esposo habló ambiguamente de un pingüino o de una pingüina cada vez que quiso evitar definiciones tajantes en torno de tan estratégica posición. Kirchner salió ganancioso políticamente, porque nadie lo hostigó. Al no asistir al Tedéum del Día de la Independencia en esta ciudad confirmó lo que el periodista Horacio Verbitsky había adelantado en "Página/12" algunos días después de la filípica que el Presidente escuchó del cardenal Jorge Bergoglio el 25 de Mayo en la catedral de Buenos Aires. El alto dignatario había fustigado con severidad el estilo de gobierno imperante, entre otras cosas, y Kirchner se disgustó. Con todo, el tono moderado de la predicación del arzobispo Luis Villalba desilusionó a quienes querían una reflexión más urticante. "Esperaba algo más duro, teniendo en cuenta la realidad de Tucumán y de la Argentina", se sinceró el republicano Ernesto Padilla - una de las primeras espadas del bussismo-. La desilusión de Fernando Juri Debo -primo del vicegobernador y presidente subrogante de la Cámara- corrió paralela a la de Padilla, aunque por otra razón. "Me hubiese gustado que el Presidente participara, porque se trata de una tradición importantísima", confesó. De esas opiniones ni se enteró el santacruceño, que mostró reflejos veloces para conjurar la incipiente discordia que motorizaban los simpatizantes de Fernando Juri en la plaza Independencia. Acalló las voces de protesta al saludarlo en el palco y mencionarlo en su discurso. ¿Quién excluyó al vicegobernador del protocolo? La directora de Ceremonial de la provincia, Patricia Ibazeta de Posse, les endosó la factura a sus pares de Presidencia de la Nación. Otras voces entienden que los funcionarios federales preparan la lista basándose en datos aportados por los anfitriones. Estos enredos burocráticos desnudaron que la relación Alperovich-Juri no es idílica. En las filas juristas aventuran que el disgusto de Alperovich era mayúsculo tras el acto del 9 de Julio, porque se frustró el intento de reeditar las operaciones de silencio de años anteriores. Juri se refugió en Tafí del Valle, y se congeló la comunicación con el gobernador. Dicen además que, por algunas horas, compartió cuitas de segundo con el vicepresidente de la Nación, Daniel Scioli, en la villa veraniega. Ambos cultivan buenas relaciones desde hace algún tiempo, y soportan las incomodidades y limitaciones propias de las funciones que desempeñan en la cúspide del aparato estatal en los órdenes federal y provincial.

Blancos de la ira
La indignación gubernamental con los jueces y con el Colegio de Abogados creció en forma vertiginosa. El brazo legislativo del oficialismo, sin distingo entre juristas y alperovichistas, arremetió con un proyecto de ley que pretende aniquilar "una institución que piensa distinto del Gobierno", como precisó su presidente, Antonio Bustamante. Sólo Antonio Alvarez se desmarcó públicamente de la unanimidad oficialista. Quieren privar al Colegio de Abogados del manejo del registro y castigarlo financieramente, haciendo que el pago de los bonos profesionales quede diferido hasta momentos antes del dictado de la sentencia. Sisto Terán saca de la galera su fobia por las corporaciones, pero archiva en el arcón del siglo XX su aversión liberal a la creciente intervención estatal en la esfera de la sociedad civil, de la que forma parte el Colegio de Abogados. Bustamante y Terán se sacaron chispas en su duelo de esgrima verbal. El raquitismo de los partidos opositores y la neutralización de la Legislatura como control de los actos de gobierno dejó a las entidades profesionales bajo la ira alperovichista. La de los abogados hace punta, pero después pueden seguirla otras, como la de los graduados en Ciencias Económicas, habitualmente críticos de la política impositiva del alperovichismo. ¿Juri se mantendrá prescindete o acentuará su perfil dialoguista? Su opción no es irrelevante, porque estará a favor o en contra de los designios de la Casa de Gobierno. Una disyuntiva de hierro.

Por la claraboya
Cuando la discusión por la reforma constitucional estaba en pleno desarrollo, en este espacio -el 16 de abril pasado- se reveló que el oficialismo se proponía crear un tribunal de apelaciones por encima del fuero contencioso administrativo, pero con rango inferior a la Corte Suprema de Justicia. Entendería, se decía entonces, en las acciones de amparo en contra del Estado. Se advertía sobre el riesgo de que siempre fallara en favor del gobernador de turno, en este caso, Alperovich. Se la denominaba Tribunal de Garantías Constitucionales en los papeles oficiales y reemplazaba al bussista Tribunal Constitucional. Se puso en vigencia la Constitución de 2006 sin que se lo incluyera en su articulado. De pronto, y por la claraboya, se dio dictamen favorable a un proyecto de ley de Sisto Terán que crea el Tribunal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, con las funciones descritas en abril. Alejandro Martínez acudió a argumentos catastróficos para justificar la renovada presión sobre la Justicia: si el Estado pierde juicios podría dejar de pagar los salarios a los estatales. Desde el oficialismo se recurrió, además, a jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para darle mayor vuelo académico al proyecto de Terán y de Martínez. En el caso de Matías Casal -sentenciado el 20 de setiembre de 2005-, que giraba en torno de una causa penal, la Corte consagró la doble revisión del fallo. Esto significa que puede ser apelado ante la instancia intermedia lo que se decidió en rango inferior. La misma solución arbitró el máximo tribunal de la Nación cuando revocó esta semana un fallo de la Cámara de Casación Penal en la causa "Juan Carlos Díaz y Sergio Verón, sobre robo agravado". Doctrinariamente, se fundaron en pactos internacionales a los que se adhirió la Nación. Esos precedentes, interpretan los expertos, no son aplicables a los fueros laborales ni a los administrativos. La oposición planteó que, con el tribunal de marras, se quieren tumbar eventuales fallos adversos a la reforma constitucional. Teóricamente, eso es posible. Ahora bien, al estar paralizado el sistema de designación de jueces por una acción del Colegio de Abogados, la propuesta de Terán y de Martínez es una maniobra de presión sobre el fuero contencioso administrativo. Es la aspiración del poder a acomodar la ley a la conveniencia política. La Justicia es la que puede poner freno a eso.