La telaraña

Es posible que los vecinos de Lastenia encuentren hoy artificiales las palabras que el gobernador José Alperovich pronunció ante la asamblea legislativa, el 1 de abril, cuando reconoció que había falencias en la seguridad pero afirmó que “a pesar de las dificultades, hemos avanzado”. Basó ese avance en “la prevención del delito y la aproximación de la Policía a la gente”. Tanto en la pueblada del miércoles como en las protestas de estos días, los vecinos plantearon que la Policía los ignora. “Aquí todos los días se cometen asaltos. Y cuando uno pide auxilio, la Policía nunca puede acudir, porque no tiene móviles o no hay personal en la calle”, dijo la vecina María del Carmen Herrera.
Cierto es que la furia ante un crimen impide que la gente haga un análisis sereno de la seguridad. De poco sirve que jefe de la Regional Este, comisario José Reinaldo Carrizo, diga que sus subordinados actuaron bien como subordinados de la Justicia, y que el fiscal Arnoldo Suasnábar diga que es cierto que el acusado del crimen ya estuvo detenido por agresión y hurto en marzo, pero que fue liberado porque se trataba de delitos excarcelables. El enojo de la gente explota en casos conmocionantes, y se vinculan entonces los pequeños hilos que mostraban que podía llegarse a una explosión como la del miércoles, cuando José Dionisio Corbalán murió en un incidente  confuso con Juan Nazareno Leiva en Lastenia. Y es en la ilación de esos datos menores donde se advierten líneas inquietantes referidas a la telaraña de la inseguridad. Esos hilos se ven en la historia del conflicto de Lastenia (el agresor había sido denunciado varias veces, había en su contra causas en seis fiscalías y reinaba el temor en el vecindario) y también en el tratamiento que la Justicia y la Policía dieron al caso de María Fernanda Chaila (que era acosada por su ex novio Lucas González), y hasta en el de Paulina Lebbos, a quien nadie buscó apenas desapareció. Los tres casos más conmocionantes de los últimos meses tienen en común la indiferencia de los responsables de la seguridad ante los datos menores. Se investiga poco y nada la denuncia de desaparición de personas, y aunque se denuncian más de 20 amenazas por día, tampoco para estos casos hay respuesta. “No habría espacio físico en ninguna fiscalía para cumplir con esa tarea”, dijo una fuente. Por eso los acusados de agresiones quedan sueltos. Pero fiscales y policías saben que la muerte de María Fernanda Chaila y de José Dionisio Corbalán, al menos, podrían haberse evitado. Y eso es lo percibe la gente que hace la pueblada.
¿Hay solución? Un esbozo de eso es, precisamente, la tarea que deberían hacer la Patrulla Urbana y la Policía Comunitaria a las que aludió Alperovich en su mensaje del 1 de abril. ¿Dónde estaban los oficiales que debían recorrer las calles observando los problemas de los barrios y aproximándose a la gente? ¿Dónde están los informes preventivos que advierten que hay focos de tensión en el barrio? ¿Se están haciendo registros según el “Sistema estadístico de Delito” del que habló Alperovich?
La mayoría de las denuncias que recibe la Policía se vincula a conflictos vecinales, para los cuales debería haber una mediación. Con 8.000 agentes, eso debería ser posible. Pero no se logra con policías que no responden y que no patrullan las calles, o que, si patrullan, no lo hacen para vincularse con la gente. Y no es sólo el caso de Lastenia. En esta semana, tanto en Villa Luján como en el Barrio Sur los vecinos se quejaron de lo mismo.