Negociar es siempre mejor que litigar

Más que decepcionante y mucho menos que inesperado, el rechazo de la medida cautelar solicitada por el Gobierno nacional a la Corte Internacional de La Haya en el conflicto con Uruguay por las pasteras, ha sido previsible. Al momento de iniciarse la acción, nuestra cancillería ya había reconocido el carácter hipotético de los riesgos invocados, por lo que la resolución de los jueces siguió esa pauta al señalar que dicha solicitud no convenció acerca de una amenaza ambiental inminente. No es el fin de la historia, por cierto, pues el caso de fondo prosigue y, si fuere necesario, podría plantearse otra instancia cautelar, si bien el tiempo del tribunal suele ser más prolongado que el requerido por las obras de Fray Bentos.
Debe recordarse que el debate jurídico en La Haya, por iniciativa argentina, fue consecuencia de la inobservancia por el vecino gobierno del Estatuto del Río Uruguay, suscripto en 1975 por ambos países, cuyo primer artículo determina que deben observarse derechos y obligaciones para el "óptimo y racional aprovechamiento del curso fluvial".
Esa convención creó igualmente la comisión ad hoc que debe reunirse periódicamente para monitorear el cumplimiento del tratado y las actividades en ambas márgenes. La abstención uruguaya en el caso de las pasteras se correspondió con la virtual indiferencia argentina, que dejó hacer hasta la llegada del conflicto a las arenas de Gualeguaychú.
La hipótesis de un fallo final a largo plazo que obligue a las autoridades uruguayas a desmantelar las plantas que, al menos se estima, estarían ya produciendo contaminación mediante, abriga ahora un prolongado perjuicio para la relación histórica más estrecha entre ambos países. Nunca, por cierto, esa posibilidad fue tan grave y amenazadora para las comunidades de ambas orillas del Río de la Plata, cuyos afectos e intereses comunes permanecen incólumes, a pesar de las torpezas de sus responsables políticos. Las primeras reacciones oficiales de las partes no dejan entrever la posibilidad de negociar bilateralmente o en el marco regional para desistir de la morosa gestión de la corte internacional.
No obstante, la reacción en Montevideo incluye una virtual propuesta del canciller Reinaldo Gargano, de concertar un monitoreo conjunto de las obras entre ambos gobiernos.
Por otra parte, el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, resolvió convocar nuevamente a los líderes de la oposición para hallar una alternativa compartida. No es esta última, por cierto, una acción propia de nuestra orilla, donde la autonomía oficial en ese orden pierde de vista el rasgo mayor de la política de Estado.
Esta última reticencia, que caracteriza actualmente nuestras relaciones internacionales, resta sin duda al Gobierno, en especial a la Cancillería, una capacidad mayor para orientar el rumbo de los sectores más intransigentes en el conflicto, mediante el diálogo con la oposición. Lejos de ello, la forma con que interfiere la política interna en las relaciones de la Nación agrava la circunstancia que comienza a advertirse en la zona afectada por el riesgo ambiental.
El grave problema del río Uruguay, que amenaza por meras presunciones la economía de ambas orillas, debe ser motivo de inquietud compartida por gobierno y oposición, para que ningún interés bastardo obstruya la solución más adecuada. Los esfuerzos con esa dirección contribuirían, por lo demás, a depurar el grave deterioro que soportan nuestras relaciones políticas.