14 Julio 2006 Seguir en 
Buenos Aires.- Tras el fallo adverso de la Corte de La Haya, el Gobierno argentino recibió con interés la invitación del tribunal a presentar una nueva solicitud de suspensión de las obras de las papeleras, al tiempo que deslizó que buscará bloquear el financiamiento de Botnia y de Ence.
Oficialmente, la Cancillería dijo que celebró que la resolución del tribunal contemple la garantía de disponer eventualmente “el desmantelamiento de las plantas” de celulosa y aseguró que los derechos de los argentinos están preservados. Pero la administración kirchnerista también advirtió por medio de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y del director de Asuntos Medioambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, que intentará bloquear el financiamiento que necesitan Botnia y Ence para concretar sus proyectos. “Nosotros vamos a seguir con nuestras acciones sobre los órganos financieros que son responsables y sobre las bolsas de valores donde cotizan las acciones de estas empresas”, advirtió Estrada Oyuela.
A su vez, la Cancillería emitió un comunicado en el que sostuvo: “el Gobierno argentino toma nota, con satisfacción, de que la Corte contempla expresamente la garantía de disponer el desmantelamiento de las plantas si, durante la sustanciación del caso, se demostrara que ellas causan daño ambiental irreparable”.
Además, indicó que no cejará en sus esfuerzos por asegurar que las obras proyectadas no afecten las intereses de la Argentina, y sostuvo que si bien la Corte rechazó la medida cautelar, esa decisión no prejuzga sobre el fondo de la controversia que se mantiene con Uruguay, que es la violación del Estatuto del río compartido.
En este sentido, la administración del presidente Néstor Kirchner buscó suavizar el impacto negativo del fallo sobre la postura que mantiene la Argentina en contra de las pasteras, y atribuyó la decisión de la Corte a criterios de procedimientos diferentes.
“El tribunal llega a esa conclusión luego de afirmar que la construcción de las obras no puede ser considerada un hecho consumado y, asimismo, de constatar que Uruguay asume necesariamente el conjunto de los riesgos vinculados a toda decisión de fondo que la Corte pueda emitir posteriormente, incluyendo el desmantelamiento de las plantas”, explicó la Cancillería. (DyN)
Oficialmente, la Cancillería dijo que celebró que la resolución del tribunal contemple la garantía de disponer eventualmente “el desmantelamiento de las plantas” de celulosa y aseguró que los derechos de los argentinos están preservados. Pero la administración kirchnerista también advirtió por medio de la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, y del director de Asuntos Medioambientales de la Cancillería, Raúl Estrada Oyuela, que intentará bloquear el financiamiento que necesitan Botnia y Ence para concretar sus proyectos. “Nosotros vamos a seguir con nuestras acciones sobre los órganos financieros que son responsables y sobre las bolsas de valores donde cotizan las acciones de estas empresas”, advirtió Estrada Oyuela.
A su vez, la Cancillería emitió un comunicado en el que sostuvo: “el Gobierno argentino toma nota, con satisfacción, de que la Corte contempla expresamente la garantía de disponer el desmantelamiento de las plantas si, durante la sustanciación del caso, se demostrara que ellas causan daño ambiental irreparable”.
Además, indicó que no cejará en sus esfuerzos por asegurar que las obras proyectadas no afecten las intereses de la Argentina, y sostuvo que si bien la Corte rechazó la medida cautelar, esa decisión no prejuzga sobre el fondo de la controversia que se mantiene con Uruguay, que es la violación del Estatuto del río compartido.
En este sentido, la administración del presidente Néstor Kirchner buscó suavizar el impacto negativo del fallo sobre la postura que mantiene la Argentina en contra de las pasteras, y atribuyó la decisión de la Corte a criterios de procedimientos diferentes.
“El tribunal llega a esa conclusión luego de afirmar que la construcción de las obras no puede ser considerada un hecho consumado y, asimismo, de constatar que Uruguay asume necesariamente el conjunto de los riesgos vinculados a toda decisión de fondo que la Corte pueda emitir posteriormente, incluyendo el desmantelamiento de las plantas”, explicó la Cancillería. (DyN)
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