Una constante discriminación social

La reiterada discriminación que el Estado practica entre sectores activos y pasivos en perjuicio de los segundos cuando eleva sus remuneraciones, acaba de manifestarse nuevamente en los casos de las Fuerzas Armadas, de seguridad y policiales. En ese sentido, el personal en actividad tendrá un aumento del 19 % en sus retribuciones, sin que la decisión alcance a quienes se hallan en situación de retiro.
Ese porcentual es el mismo que desde el Gobierno se ha estado presionando con significativo éxito para las convenciones laborales en general, pero en el caso de las remuneraciones de la clase pasiva dependiente de la Anses, el incremento fue del 11 % como "suplemento de movilidad", alcanzando a quienes perciben más de $ 1.000, después de 12 años de permanecer congeladas sus asignaciones. La degradación del sector pasivo militar, policial y de seguridad ha sido también progresiva en diferentes escalas durante 15 años, con lo cual se demuestra que los sucesivos gobiernos se han manejado con los sectores previsionales de acuerdo con la escasa capacidad de estos para presionar como están en condición de hacerlo los activos.
Mientras tanto el discurso oficial en todo ese tiempo ha manifestado una perturbadora confusión entre sueldos y jubilaciones o retiros al justificar la tesis discriminatoria que agravia al sentido común.
Si los primeros deben ser consecuencia del crecimiento de la economía, las remuneraciones del sector pasivo tienen fundamento en el aporte sostenido durante décadas por quienes acceden a la pasividad.
De la forma en que se administren los segundos dependerá el nivel de retribuciones de sus beneficiarios. Como una regla de tres simple, el argumento ha sido reiteradamente eludido.
Pero no sólo eso, sino que en los recientes años recursos superavitarios de la Anses han sido públicamente derivados a otros fines, a pesar de que las arcas del Estado dieron y dan cuenta de resultados positivos.
Calificar al sistema estatal como régimen de reparto es, pues, una falacia si tal definición remite a sus beneficiarios legales.
En el caso del sector militar la situación se agrava en la medida que sus aportantes han prestado servicios activos con rígida incompatibilidad por la naturaleza de sus funciones. En el de la Policía, donde las remuneraciones en actividad no responden al elevado riesgo evidenciado por la progresiva inseguridad pública, los beneficios del retiro no alientan el interés ni la vocación de sus aspirantes.
Ese panorama desolador de la realidad que enfrentan millones de jubilados y pensionados contrasta duramente con el discurso político prometedor pero reiteradamente insatisfecho.
Frente a ese muro de incomprensión oficial, los pasivos de cualquier condición deben acudir a las pesadas puertas de la Justicia mientras sus condiciones económicas personales les permiten soportar ese costo; muy diferentes son las alternativas de quienes deben soportar otras condiciones y constituyen la mayoría del sector pasivo de cualquier actividad formal.
Por todo ello el ahorro previsional de toda condición debe preservarse mediante un régimen legal de seguridad que impida a los funcionarios de cualquier nivel, políticos o administrativos, violar su naturaleza bajo las sanciones propias de la corrupción de fines.
Iniciativas con esa dirección contribuirían a recuperar el perdido prestigio de los representantes ciudadanos en el Poder Legislativo, antes que la dignidad social se pierda bajo el desamparo del Estado.