La inseguridad urbana

El país está atravesando un nuevo agravamiento de la inseguridad urbana por diversas causas, desde la ofensa dolosa de los derechos de terceros hasta la crueldad creciente de los delitos contra las personas. A la vez, se advierte cierta perplejidad y carencia de reflejos de la autoridad de aplicación, como falta de previsión en las instituciones y organismos, que padecen descrédito entre las comunidades y generan reacciones de autodefensa no siempre legítimas.
La inquietante situación adquiere dimensiones excepcionales en el distrito federal y en el conurbano bonaerense, pero no excluye otras provincias, como Santa Fe, en donde el juez Julio Scavone solicitó al gobierno local controles y patrullajes judiciales ante esa situación.
En la de Buenos Aires, una jueza de menores pidió al gobierno provincial que diseñe políticas para la infancia, a propósito del asesinato de un joven de 15 años, como venganza de tres hermanos por presunto robo de un televisor.
Por su parte, el gobernador bonaerense Felipe Solá ha llegado a expresar que su provincia está secuestrada, aludiendo con ello a un caso de rapto en medio de un clímax de temor que atemoriza a miles de familias. Especialmente en el conglomerado metropolitano, son frecuentes las marchas de familiares y vecinos de víctimas de delitos que reclaman entre el dolor y la indignación por crímenes con impredecibles o fatales desenlaces.
Entretanto, autoridades como el ministro del Interior, Aníbal Fernández, sostienen que estadísticamente los casos de inseguridad han disminuido, respuesta que contradice el hecho de que, desde 2004, no se publican oficialmente estadísticas. Es decir, que poco o nada se conoce acerca de los índices delictuales, en comparación con los frecuentes sobre economía o turismo, sectores prósperos para la política oficial. Por otra parte, más que la cantidad de delitos, preocupan actualmente sus condiciones, pues la violencia y la crueldad se han elevado por la incidencia de drogas que las provocan.
Casi cotidianamente, los medios de comunicación dan cuenta de esos casos sobrecogedores y provocadores de temor, donde la comisión delictual suele ser colectiva. Frente a ello actúa o debe hacerlo, pues es su fin, el brazo de la ley, la Policía, con acción preventiva y, si es del caso, represiva -término envilecido por el debate político- bajo la responsabilidad de la autoridad de aplicación de la ley. Mas la institución policial, castigada en su imagen por la periódica violencia del Estado, se halla todavía afectada hasta institucionalmente sin que los gobiernos constitucionales hayan puesto empeño en su recuperación ante la sociedad.
Policía mal paga por carencia de una política pública contra el delito. Un testimonio de ello es el de la Federal que, hasta 1986, tenía sueldos similares a los judiciales, nivel que desciende actualmente, y más aun en determinados casos.
Mientras tanto, los progresismos teóricos se adueñan de los debates frente a la relativa pasividad de los poderes públicos, polemizando sobre la “mano dura” o la “mano blanda” frente a la crisis de seguridad ciudadana.
Por cierto que el sistema jurídico del país está exigiendo una reforma consecuente con su atraso relativo, pero ese maduro trámite requiere de un trabajo conjunto y superador de la incomunicación política estelirizante.
Entretanto, la autoridad de aplicación y su brazo ejecutivo deben operar sin confusiones sobre sus deberes y responsabilidades, pensando en la gente como víctima eventual.