Jubilados con justicia limitada

Mediante complejas negociaciones el Gobierno nacional ha conseguido que los convenios laborales se ajusten, salvo raras excepciones, a un incremento de salarios del 19 %, como otra alternativa para moderar la inflación. A la vez, el Poder Ejecutivo y el Congreso siguieron la misma orientación. De hecho, se trató de una directiva del presidente Néstor Kirchner, quien debió, a veces, intervenir personalmente para vencer resistencias gremiales. Esa estrategia tan sólo ha tenido una excepción: los jubilados nacionales, cuyo nivel general ha sido del 11 %, como “suplemento de movilidad”; es decir, ni siquiera retribución genuina, por lo cual la misma no integró proporcionalmente el último medio aguinaldo.
El discriminatorio “subsidio” alcanzó en la ocasión al sector pasivo que percibe más de $ 1.000 mensuales y que está congelado desde 1994, habiendo perdido un poder de compra del 40 %. Como ilustración sobre tan singular realidad, corresponde señalar que los magros incrementos de las categorías inferiores en el mismo período no impiden para la jubilación mínima quedar por debajo del salario mínimo en un 55%, mientras que las restantes hasta mil pesos tuvieron un solo incremento de 10%.
El discurso oficial ha venido sosteniendo una perturbadora confusión entre sueldos y jubilaciones para justificar esa tesis discriminatoria, pues si los primeros deben ser consecuencia de la productividad de la economía, las segundas tienen por fundamento los aportes precedentes y por décadas de la clase pasiva, en la forma establecida por los regímenes previsionales.
Tal confusión debe relacionarse con el hecho de que la Anses, como administradora del sistema estatal de reparto, cuenta desde hace dos años con importantes superávit que se mantienen, aunque no con el nivel previsto por su gestión.
El motivo de la merma no se debe a errores de cálculo, sino porque el Gobierno central desvía frecuentemente recursos jubilatorios para atender urgencias como la crisis energética. Tradicionalmente, y se sigue haciéndolo, el régimen estatal practica esas disponibilidades; precisamente ahora, cuando las autoridades disponen de superávit presupuestarios sin precedentes.
Caso diferente, aunque no menor testimonio de voracidad fiscal discriminatoria, es el de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), a las que el Presidente y el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido les están pidiendo que jueguen un rol muy fuerte en la inversión en proyectos productivos, reprochándoles además posiciones especulativas. Las AFJP están regidas por la ley 24.241 que, además, regula proporcionalmente las inversiones de los ahorros en el sistema de capitalización o jubilación privada. En los comienzos del actual gobierno corrieron el riesgo de desaparecer, pero se salvaron cuando contribuyeron decisivamente a sacar al poder político del naufragio como eficaces aliadas, a pesar de haber caído en insolvencia por el default el 27% de sus títulos. El ahorro previsional requiere recaudos fundados que deben preservarse y una honesta política de seguridad social como la que se pregona y repetidamente se viola.
Los jubilados, desde hace largo tiempo, son conscientes de que la fórmula mejor es la que pone a salvo sus ahorros de las ansiosas manos del Estado que operan mediante discursos disuasivos. La dualidad de criterios incompatibles que nuevamente ha revelado esa discriminación, es otro testimonio irrefutable de que quienes no pueden presionar por su condición  de pasivos sólo tienen justicia limitada.