Cuando el ajuste fiscal provoca lágrimas

Cuenta la historia que, cuando una funcionaria de segunda línea del Poder Ejecutivo se enteró de que dispondría de la mitad de los fondos presupuestados para cubrir los gastos de su área no contuvo el llanto y, entre lágrimas, se preguntó qué iba a hacer en lo que restaba del año por los efectos del ajuste. Parece no resultar fácil aplicar el bisturí con el fin de frenar el gasto cuando se asumen compromisos políticos que deben ser honrados para futuras elecciones.
Pero los ajustes, como tales, resultan ser traumáticos y en Tucumán se torna más necesario que nunca aplicar un ahorro forzoso anual de $ 170 millones, después de los mensajes que llegan desde la Casa Rosada. Como un modo de asegurar el superávit en las cuentas públicas nacionales, la administración del presidente Néstor Kirchner estaría pensando en atrasar, por 60 días, los pagos que se efectúan a las provincias.
La gestión K comenzó a cerrar el grifo y las provincias, como Tucumán, están recibiendo la últimas pruebas financieras de amor político del poder de turno. Alperovich se aseguró ayer varios millones para avanzar con el megaproyecto Lomas del Tafí, al cual considera como la obra más emblemática de su administración. La estrategia nacional tiene sus fundamentos: volcar toda la artillería electoral hacia el último trimestre e ingresar en el año electoral con una agresiva política de obras públicas, cortando cintas en todo el país.
Como viene sucediendo, Alperovich imitará el plan político del kirchnerismo. El ajuste anunciado hace dos semanas comenzará a visualizarse en los programas de obras públicas, avanzando con fuerza sólo en aquellos que tienen financiamiento federal. Alperovich espera que, durante la visita presidencial prevista para el 9 de julio, Kirchner anuncie el desembolso de $ 30 millones no reintegrables para obras de infraestructura básica y el giro de un monto similar por el pago a cuenta que hizo la provincia por el 82% móvil.

Una tropa disciplinada
En el Ministerio de Economía confiesan que no resulta una tarea sencilla controlar los reclamos de ampliación de presupuesto por parte de los funcionarios. A cada funcionario que plantea esa inquietud, los técnicos de esa cartera responden que es fundamental mantener la disciplina fiscal en un escenario donde los gastos crecieron a mayor ritmo que los recursos. En el despacho privado del gobernador le agregan otro mensaje: disciplinar políticamente a la tropa. El ajuste también llegará a los intendentes, con $ 50 millones menos de lo previsto para este año para obras incluidas en los fondos fiduciarios. "Se acabó la asistencia ilimitada en desarrollo social; es necesario ponerle un techo a ese gasto", planteó el gobernador a sus funcionarios más cercanos.
La jerarquización de la Secretaría de Educación a Ministerio tampoco está ajena al ajuste. La decisión gubernamental apunta a que la cartera que se retornará al organigrama del Poder Ejecutivo será conducida institucionalmente por Susana Montaldo, pero el control del presupuesto del área (unos $ 700 millones) seguirá en manos de Economía y del gobernador.