El largo brazo de la globalización educativa

La revuelta estudiantil chilena por una reforma educativa profunda en el país andino es para la Argentina un soplo en la nuca. Es que la “Revolución de los pingüinos”, como se ha bautizado esa movilización escolar, ha venido a sincerar que el crecimiento económico no siempre va de la mano del desarrollo.
Pero no es sólo Chile: también se levantaron hace unos meses los estudiantes franceses para protestar en contra de los “contratos basura”, y mostraron que la problemática educativa también ha sido alcanzada por el largo brazo de la globalización. En Chile, la revuelta estalló luego de que la prueba de calidad educativa dejó al descubierto que entre el rendimiento de la educación privada y el de la educación pública hay un abismo, con claros beneficios para la primera. El cimbronazo chileno -cuyo “concepto clave” es sin duda la inequidad, la distancia entre los más ricos y los más pobres- llega cuando en la Argentina empieza a ser debatido el borrador de la futura ley nacional de Educación. A propósito, ese punto está incluido en el borrador que están empezando a analizar todos los sectores de la comunidad educativa. En Tucumán, la secretaria de Educación, Susana Montaldo, ya definió una fecha -sería el 5 de julio - para analizar los ejes de la nueva norma.
Los gremios docentes, que participaron en el lanzamiento hecho hace un mes por el ministro de Educación, Daniel Filmus, ya han escrito sus propias notas al margen en el “documento base”. Entre esos apuntes, los sindicalistas afirman que hay que restituirle poder al Consejo Federal de Educación, al que pretenden ahora con una mesa ampliada, en la que no esté ausente la “pata gremial”. Se estima que en ese aspecto ya hay un guiño del gobierno nacional.
Entre otras anotaciones, los dirigentes docentes dicen que toda ley puede caer en el vacío si no se inscribe “en un marco de país determinado”. Por eso, más que “políticas compensatorias” (tales como la distribución de libros... en peluquerías que ha encarado la semana pasada el ministro Filmus), Carlos Giménez, de la UDT, reclama “políticas de desarrollo”. Como punto a favor, tanto desde la UDT como desde Sadop reivindican la Ley de Educación Técnica, que mitiga el vacío en el que había quedado ese sector en la última década, y cuyos resultados se ven hoy, sin mano de obra técnica calificada.
Los gremialistas también defienden la ley de Financiamiento Educativo, con la cual se pretende alcanzar el 6% del PBI. Aunque entre los expertos en educación se discute si la calidad educativa está determinada -o no- por factores económicos, hay ejemplos que parecen hablar por sí solos. En Tucumán, en los últimos años, la inversión anual promedio por alumno apenas llegó a los $1.000 (mil pesos) o U$S 300. En Estados Unidos, una escuela pública de Dallas que encabeza el ranking de calidad educativa que hizo la revista Newsweek ostenta una inversión anual promedio por alumno de U$S 11.000. Según un informe de la revista Nueva, el promedio de inversión educativa en los Estados Unidos es de U$S 6.000: muy lejos de los 11.000 dólares de la escuela modelo de Dallas, pero más lejos de los 300 dólares que le tocan en suerte a cada tucumanito que va a la escuela. Otra vez, ahí, aparece la figura de la distribución inequitativa de la riqueza, que es lo que parece haber hecho estallar la revuelta chilena, y, en cierta medida, su antecedente francés.
Si las autoridades educativas nacionales toman nota de cuán globalizada está la crisis educativa, entonces pueden comprender de qué habla Giménez, de la UDT, cuando dice que las políticas compensatorias son parches. Y que lo que se necesita son políticas de desarrollo, para que la revuelta chilena no cruce la cordillera.