Muertes ocasionadas por rastras cañeras

Los tucumanos parecemos no temerle a la muerte. La desafiamos diariamente en nuestras calles, avenidas y rutas. En época de zafra, las rastras cañeras son un sinónimo de tragedia. A menos de un mes de haber comenzado la actividad azucarera, el domingo, a las 20.15, en la autopista Tucumán-Famaillá se registró el primer accidente mortal. A la altura de El Ceibal, cerca de Lules, un automóvil en el que viajaban seis personas embistió al segundo de los dos carros cañeros que tiraba un camión Mercedes Benz que había salido desde la ruta alternativa 321, con dirección al este, y que se dirigía al ingenio La Fronterita. Las rastras tenían las bandas reflectivas tan gastadas que estaban invisibles, por lo que el conductor del auto no las vio y las embistió.
Las estadísticas son más que elocuentes. Un promedio de 40 muertos y  360 heridos es el resultado que dejan cada año los 300 accidentes con rastras cañeras que se producen en las rutas tucumanas, según datos de la Dirección de Emergencias. En 2005, sólo en la tercera semana de setiembre hubo tres muertos y 18 heridos por esa causa. La prohibición de que circulen rastras durante la noche a lo largo de tres rutas nacionales (9, 38, 157) generó un duro debate. Los cañeros argumentaron que no podían mantener inmovilizado el transporte de caña durante 12 horas. La norma se flexibilizó y la prohibición se redujo al horario de 18 a 23.
En febrero pasado, tal cual lo consignó el Suplemento de Economía de nuestro diario, los productores cañeros y azucareros le pidieron al Gobierno mejoras en los accesos a los ingenios, y la Sociedad Rural de Tucumán reclamó trabajos de reparación de los caminos secundarios que comunican con la estratégica ruta nacional 34, para permitir el transporte de granos. En ese entonces, expertos, productores y funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) aseguraron que nadie tenía responsabilidad directa sobre los caminos vecinales y señalaron que este era uno de los motivos que llevaban al deterioro crónico de estas vías de circulación clave para el desarrollo rural, pese a que los delegados comunales les cobraban a los agricultores un canon por reparación y mantenimiento de estas rutas. Las autoridades de la DPV argumentaron que parte de la responsabilidad por el mal estado de las rutas se debía a la falta de conciencia de agricultores que utilizaban los caminos como desagües.
En febrero, el Ministerio de Desarrollo Productivo tenía ya en su poder un detallado informe sobre la situación de deterioro de las rutas aledañas a los ingenios, que fue elaborado por industriales azucareros, la Dirección General de Transporte y algunos municipios del interior. El Gobierno ordenó que se colaborara con las comunas para la recuperación de estos caminos. Un funcionario de la DPV anunció también en febrero que ese mes terminarían con el relevamiento para ejecutar obras de mejoramiento de las rutas alternativas en los dos meses subsiguientes, con el objetivo de que, al comienzo de la zafra, ya estuvieran recuperados. Pero todo quedó en una expresión de deseos porque el 24 de abril último la DPV les envió una nota a los productores cañeros, citrícolas, tabacaleros y a la Sociedad Rural para que le informaran qué caminos debían ser reparados.
Lo cierto es que mientras nadie asuma una responsabilidad directa sobre la reparación de los caminos alternativos, ni se realicen en forma constante rigurosos controles, ni se apliquen sanciones ejemplificadoras que contemplen abultadas multas o la posibilidad de ir a prisión a quienes infrinjan las normas, la muerte seguirá viajando en las rastras cañeras.