La Constitución de la discordia

Nació bajo el signo de la controversia. La Corte Suprema de Justicia tumbó el decreto del Gobierno que unificaba la elección de convencionales constituyentes con la de diputados nacionales para el 23 de octubre de 2005, porque no preveía la celebración de elecciones primarias abiertas en los partidos para la designación de los candidatos. La astucia del ex legislador peronista Víctor Arias trabó por unos meses el avance del plan de José Alperovich, pero el oficialismo se acomodó rápidamente a la nueva situación: en diciembre pasado cumplió ese paso previo y cristalizó sus planes el 19 de febrero, cuando se alzó con 36 de las 40 bancas en disputa. Desde entonces nadie tuvo dudas de que la Asamblea Constituyente iba a plasmar los designios del gobernador en la letra constitucional. Sorprendió, sin embargo, la radicalidad de las modificaciones, que se focalizó sustantivamente en la Justicia y en el fortalecimiento del Poder Ejecutivo. Alperovich caracterizó públicamente, en más de una oportunidad, a los convencionales oficialistas de obedientes instrumentos de su voluntad. Peca, por tanto, de inmodestia, cuando dice que la Constitución de 2006 no es obra suya. Juan Luis Manzur no dejó de atender nunca al teléfono celular que seguía obsesivamente cada movimiento de la constituyente. El empeño por subordinar a la Justicia por distintos mecanismos institucionales disparó la nueva controversia en Tribunales. El planteo que los dirigentes del Colegio de Abogados radicaron en el fuero contencioso administrativo impacta sobre dos institutos: el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Los jueces de la sala interviniente, Rodolfo Novillo y Carlos Giovaniello, dejaron constancia de que aquellos están bajo examen judicial. En el diseño de esas partes de la Constitución prevalecieron los intereses de los poderes políticos (Ejecutivo y Legislatura) sobre los de otro orden.

El modelo santacruceño
La orientación impresa a los cambios constitucionales operados en Tucumán ensambla con una ola de alcance nacional. El modelo judicial de Santa Cruz es la estrella polar que guía ahora a los gobernantes de otras latitudes, por la sujeción de los jueces al poder político. Los titulares de los Colegios de Abogados de Jujuy, Mario Mallagray, y de Salta, Manuel Martín Díaz, coincidieron en que los políticos pretenden domesticar a los jueces. Díaz -presidente de la confederación de colegios de abogados de la región- entendió que la pelea por la defensa de independencia judicial debe librarse en toda la República. La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), por boca de Carlos Andreucci, invocó a Juan Bautista Alberdi para denunciar el desequilibrio de poderes en la Constitución de 2006. Si los representantes de los poderes políticos (cinco legisladores y uno del Ejecutivo) hacen mayoría sobre los otros tres integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, fácil es deducir que la remoción de jueces hasta el nivel de camaristas está a tiro del gobernador. Ignorar ese simple cálculo matemático cargado de color político sería una necedad de marca mayor. Ahora bien, es una incógnita mayúscula atisbar hasta dónde se hundirá el bisturí judicial en el cuerpo de la flamante constitución. Alperovich, sin embargo, ya objetó la nueva judicialización. "Están ensuciando la nueva Constitución", descerrajó, y se cuidó de opinar por adelantado sobre qué harán los jueces. La Asociación de Magistrados razonó a pedir de boca de Alperovich, lo cual causó la renuncia de cuatro de sus socios. Estos, en verdad, discrepan no sólo con el Jurado de Enjuiciamiento, sino también con el Consejo de la Magistratura, que sirve en bandeja al Ejecutivo la posibilidad de nombrar jueces. La jubilación de magistrados con el 82% móvil abre una grieta entre quienes pueden retirarse usando ese beneficio y los que seguirán en actividad. Es mayoría el plantel que se encuentra en esta última situación y, por tanto, potencial blanco del sistema que ahora está en entredicho. Los opositores los ven como rehenes del alperovichismo. La Corte es la que definirá en última instancia acerca de la viabilidad de la demanda de los abogados. En la Corte se piensa, por ahora, en pasar esta semana. El diligente Manzur comunicó la noche del viernes que Alfredo Dato debía prestar juramento a la Constitución. Sin embargo, una falla de tipo legal impedirá que ello ocurra. La cabeza del Judicial es una conducción colegiada -la Corte- y no un vocal en particular. Además de la distancia que impone el Atlántico, está la cuestión de marras. Y el vocal decano Mario Goane es un hombre de probada libertad de criterio. Es probable que se considere innecesaria la jura porque un juez está obligado a sostener el orden jurídico. Otra vez, la Constitución es motivo de discordia, a causa de los desbordes políticos de los poderosos.

Ganadores y perdedores
El alperovichismo ganó en toda la línea. El gobernador es cada vez más fuerte y la resistencia legislativa a su hegemonía se desmorona. Fernando Juri sintió ese embate, aunque aún conserva una llave de poder. Estimaciones preliminares de naturaleza oficiosa indican que la Cámara debería sancionar aproximada mente unas 40 leyes reglamentarias de la Carta Magna de 2006. Estas normas tornarían aplicables las disposiciones constitucionales. La ortodoxia alperovichista puede rebanar el bloque del Frente de la Victoria, por lo que una eventual alianza de juristas y opositores serviría de contrapeso a la ofensiva de la Casa de Gobierno.
El desplazamiento de dirigentes con responsabilidades públicas hacia Alperovich se acentuará al compás de la concentración de poderes que aquel experimentará por el ordenamiento jurídico-político que data de hace algunos días. Sólo los activistas de signo peronista que carecen de funciones institucionales pueden erigirse en un sostén del vicegobernador, damnificado por la consolidación alperovichista. La emergencia de Roberto Lavagna les alivia de sentirse cercados por doble vía: Alperovich y Néstor Kirchner.
El radicalismo, que ha renovado caras en sus mandos, es otro perdedor, por partida doble. Ciertamente, le habilitó la reelección al gobernador hasta 2015 -plazo extremo-. Además, le dio la chance de potenciar la escisión de Participación Cívica, partido que encarna la vertiente kirchnerista de la UCR en Tucumán y que arrastró a legisladores e intendentes. Si obtuvo alguna ventaja, esta fue pírrica en comparación con el desbarajuste que propulsó el alperovichismo. El intento de agrupamiento de la centroderecha con Mauricio Macri y Ricardo López Murphy aún no alcanzó a generar un polo magnético para las energías dispersas de ese sector de opinión.
Los cabildeos estratégicos se multiplican, pero el rasgo polémico que signa a la Constitución de 2006 domina el escenario. Las consecuencias políticas de lo que resuelva la Justicia serán valoradas de distinta manera, aun cuando haya que esperar hasta la conclusión de la Feria de julio. La controversia envuelve la Carta Magna.