Los colaboradores del centralismo

El país se encuentra en trámite de una peligrosa recomposición política, impulsada por el poder central, mediante una estrategia de concertación personalista y no partidaria. Testimonio de ello han sido las explicaciones del jefe del Gabinete de Ministros al bloque de diputados nacionales oficialistas, acerca de la reciente convocatoria presidencial. La primera etapa de esa estrategia, puntualizó Alberto Fernández, consiste en un llamado a dirigentes, a legisladores, a intendentes y a gobernadores de los partidos opositores; cumplida esa fase, se procurarán acuerdos con las fuerzas políticas. El eje operativo de tal concertación consistirá, pues, en una suerte de vaciamientos de estructuras partidarias, hasta lograr mayorías internas favorables a una coalición.
Esas definiciones del vocero mayor del presidente Kirchner se produjeron despuésde que cinco de los seis gobernadores radicales resolvieron aceptar su convocatoria mediante “acuerdos programáticos amplios y plurales”. Respecto de este último concepto, se aclaró que se trata de elaborar políticas de Estado, entre ellas la nueva ley de coparticipación federal de impuestos.
La aclaración remite necesariamente a una de las omisiones más graves, desde la reforma constitucional de 1994, de todos los gobiernos y las mayorías legislativas que se sucedieron hasta el presente: la sanción de esa ley estrechamente relacionada con la calidad y la fortaleza del sistema federal, y cuya ausencia somete a las autonomías provinciales a las decisiones del poder central. Se trata de una oscura historia a la que, desde la gran crisis institucional de 1930, una sucesión y alternancia de gobiernos de facto y constitucionales contribuyeron, hasta el punto de que más del 60% del gasto provincial es financiado por la Nación, si bien en un tercio de los distritos alcanza al 70%.
Una referencia reciente en el caso de Tucumán ha sido el giro de fondos por el Gobierno nacional, sobre los cuales, el ministro de Economía, Jorge Jiménez, ha manifestado: “estos ingresos excepcionales contribuyen a recuperar el superávit fiscal de la provincia”, que, como es notorio, estaba peligrosamente afectado por la falta de recursos propios. Algo semejante acontece en otras administraciones provinciales, de tal manera que se produce la singular situación de que el Gobierno nacional goce de sucesivos superávits, en tanto los demás ofrezcan un panorama de insuficiencias.
En ese punto aparece la clave de un mecanismo político centralista, cada vez más firme por la concesión de facultades especiales del Poder Legislativo al Presidente de la República. Sin embargo, el doctor Kirchner se había comprometido antes y poco después de asumir el Gobierno, a poner fin a esa crisis del federalismo real, promesa nuevamente olvidada y que no figuró en su último mensaje anual al Congreso sobre el estado de la Nación. No puede ignorarse que a esa política contribuyeron desde sus orígenes no pocos gobernadores, quienes prefirieron no presionar sobre sus electorados, dejando al poder central tal responsabilidad. Ejemplo de ello fue la crisis de la Alianza, arrastrada por su incapacidad para continuar con dichas prácticas. El perverso modelo, mejor aplicado por el poderoso centralismo actual que en ninguna otra ocasión, ha servido, al fin, para una concertación más ideológica que pluralista que afecta, por lo demás, al sistema constitucional de partidos. Sobre esa base política operativa se avanza hacia las elecciones generales, con la colaboración y hasta con la connivencia de gobernadores que, más bien, colaboran como delegados del centralismo porteño.