El surgimiento de la anticonstitución

Las constituciones se originaron durante las monarquías. Fueron dictadas para fijar límites y establecer controles al poder. Buscaban ponerle fin al absolutismo: que el monarca dejara de decidir sobre la vida, la hacienda, la libertad y el honor de sus subordinados. Fueron, en definitiva, las semillas de las democracias modernas. Incipientes contratos sociales puestos por escrito.
Conforme la historia avanzó, esta concepción fue afianzándose. El contrato social se escribía para asegurar los derechos del pueblo. Por ello, las Cartas Magnas (como la de la Argentina y la de Tucumán) comienzan por las "declaraciones, derechos y garantías". Luego, plasman la organización del Estado. En los sistemas republicanos, división e independencia de poderes. Esta organización del texto no es antojadiza: si no hay equilibrio en las estructuras de gobierno, los derechos devienen meras proclamas utópicas.
Contra esta evolución del constitucionalismo, contra la historia, surge la nueva Carta Magna tucumana. Diseñada para darle más poder al Gobierno y limitar al pueblo. Es, en concreto, el surgimiento de la anticonstitución.
En esta repartija de poder (también llamada reforma), el gran acumulador es el Gobierno. Eventualmente, sus miembros podrán gobernar hasta 2015, hacer campaña sin pedir licencia, designar y remover jueces a su antojo, legislar por decreto cuando les plazca, y controlar los comicios como les venga en gana, mediante una Junta Electoral Provincial controlada por asalto.
En contraste, el poder más degradado es el Judicial. Aquel al que los ciudadanos pueden acudir de manera particular para demandar el cumplimiento efectivo de los derechos que le reserva el contrato social frente a aquellos que temporalmente gobiernan. Por disposición constituyentes, los magistrados fueron devaluados. La suprema ley de la provincia dirá que un gobernador vale más que un vocal de la Corte (pese a que la República pone a ambos poderes en igualdad de condiciones), porque para echar a un mandatario hay que reunir más votos condenatorios de representantes del pueblo que para expulsar a un juez del superior tribunal. De paso, para el pueblo será casi imposible castigar -por medio de sus representantes- los desvío de quien lo gobierne.
El resto de los jueces deberá rendir cuentas ante un jurado de enjuiciamiento conformado con mayoría absoluta del poder político. Y los nuevos jueces serán recomendados por las luminarias que el Gobierno siente en un Consejo Asesor de la Magistratura que puede integrar a discreción.
Lo alarmante es que no se contentaron con atentar contra la estabilidad de los miembros de la Justicia, sino que le apuntaron al Poder Judicial mismo. Es el único poder del Estado que no podrá establecer su propio presupuesto.
El espíritu de la anticonstitución también opera por omisión: quedó fuera de la nueva Constitución la revocatoria de mandatos. El mecanismo que el mismísimo gobernador, José Alperovich, prometió durante la campaña como el contrapeso de la reelección. El ciudadano -decía- podría recompensar al buen gobernante, y castigar al malo. Hasta lo imprimieron en esos inolvidables afiches que decían "qué lindo sería".
Por si aún quedaban dudas, no puede confiarse en la palabra oficial. Habrá que concederles que, al menos, no fueron contradictorios en ese aspecto: si rompieron el contrato social no debe sorprender que quebraran el contrato electoral. Luego, si el constitucionalismo creció y se consolidó durante la modernidad, este Estado premoderno no podía menos que consagrar la anticonstitución.

El primer monopolio
Para las personas, ser parte de la sociedad moderna no fue sencillo: normas rigurosas, autolimitación y el freno a la satisfacción de los instintos fue el precio a pagar a cambio de vivir dentro de ella. El Estado civilizado, que consideraba estas pautas el fundamento de su existencia, salía en su defensa apenas alguien intentaba infringirlas. Era de suponer que iba a respetarlas.
Sin embargo, la I Guerra Mundial vendría a mostrar lo errado de tal supuesto. En "Consideraciones sobre la guerra y la muerte", Sigmund Freud escribió: "el ciudadano individual comprueba con espanto (...) que el Estado ha prohibido al individuo la injusticia no porque quisiera abolirla, sino porque pretendía monopolizarla". Trasladado a Tucumán, la anticonstitución batalla contra la lógica del constitucionalismo. Y la razón está perdiendo la contienda.