Es un castigo para el Estado, no un beneficio para el reo

La medida que tomaron los jueces es correcta. Las leyes establecen que ninguna persona puede estar detenida más de dos años sin que su caso sea elevado a juicio. Esta medida no debe tomarse como un beneficio para el preso, sino como un castigo para el Estado, que no resolvió en tiempo la situación procesal de un imputado. Sobran los antecedentes de personas que llegaron a estar detenidas tres años y que después fueron absueltas en los juicios porque se demostró que no tenían nada que ver. El problema es que los jueces de instrucción, la mayoría de las veces, no resuelven esta situación y los planteos terminan definiéndose en las salas penales.
Cada vez son más los casos en que los presos están siendo liberados por este motivo. El más concreto es el del caso de Marita Verón. Los únicos que todavía están en la cárcel son los que no pudieron responder la caución que estableció la Justicia. Los fiscales no dan abasto con todos los casos que tienen que atender. Y lo más grave del caso es que no hay una intención clara de solucionar el inconveniente.