Alberto Lebbos, padre de Paulina, la joven que apareció muerta tras haber tomado un remise en la zona del ex Abasto, el 26 de febrero, reconoció la voluntad política de la Legislatura para interpelar al ministro de Seguridad de Ciudadana, pero cargó contra los 10 parlamentarios del oficialismo que se negaron a firmar el proyecto para citar al funcionario.
"A esos legisladores no les interesan la verdad, ni la seguridad de los tucumanos. Lo único que demostraron fue su total falta de independencia", afirmó.
Lebbos no dudó un instante cuando LA GACETA le consultó si la invitación a un ministro que asumió hace poco más de 30 días tendrá algún efecto en la investigación. "Mario López Herrera tiene responsabilidades directas en las irregularidades cometidas. Cuando mi hija desapareció él era el inmediato superior del jefe de Policía", aseveró.
También mostró su desagrado por la tensión política que generó la decisión de interpelar al ministro López Herrera. "Me parece escandaloso que haya un escándalo por este tema", manifestó.
El dirigente justicialista Enrique Romero ratificó y amplió ayer sus argumentos en el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera.
Romero consideró que al funcionario le corresponde el enjuiciamiento por "negligencia en el cumplimiento de las funciones a su cargo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por haber incurrido en actitud que afecta su credibilidad y confianza".
El titular de la junta departamental del PJ hizo alusión principalmente al caso de la muerte de Paulina Lebbos. "La falsificación del acta de testigo en la comisaría de Raco se realizó cuando el ahora ministro era subsecretario de Seguridad y hasta la fecha no ha tomado medida administrativa alguna", afirmó.
Además, agregó cuestionamientos sobre el funcionamiento del penal de Villa Urquiza, donde se registraron -dijo- 43 fugas y 14 muertes desde diciembre de 2003 hasta marzo de este año.
CENSURA EN LOS MEDIOS I- El período de manifestaciones generales de la sesión legislativa de ayer sirvió para que los opositores cargaran tintas contra la política de medios del Gobierno. Alejandro Sangenis (MP3) cuestionó el dinero que maneja la publicidad oficial; la censura al programa "Periodismo con Opinión" y el decomiso de equipos de la emisora del ex secretario de Información Pública Ariel Fernández. En el mismo sentido que Sangenis se manifestaron Pedro Stordeur (Recrear), quien acusó al Poder Ejecutivo de censurar a los periodistas a cambio de pautas publicitarias, Carlos Canevaro (FR), Rodolfo Danesi (CI) y José Cano (UCR).
CENSURA EN LOS MEDIOS II- Sangenis denunció en el recinto que la Legislatura acaba de archivar el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, impulsado por la peronista Beatriz Avila. "No podemos hacerlo ante un gobernador que pide el derecho de réplica pero censura a los opositores", aseveró.
PUERTAS CERRADAS.- En un hecho que no ocurre habitualmente, el vicegobernador, Fernando Juri, abrió la reunión con los palcos vacíos y sólo se habilitó el ingreso del público cuando se había abierto el período de homenajes. La decisión obedeció, aparentemente, al temor de que se produjeran incidentes, temor que fue disipado cuando en su mayoría las butacas fueron ocupadas por personas cercanas al vicegobernador y por empleados legislativos. Alberto Lebbos se sentó en la primera fila, junto a una de sus hijas, y mostró un cartel con la foto de Paulina.
"A esos legisladores no les interesan la verdad, ni la seguridad de los tucumanos. Lo único que demostraron fue su total falta de independencia", afirmó.
Lebbos no dudó un instante cuando LA GACETA le consultó si la invitación a un ministro que asumió hace poco más de 30 días tendrá algún efecto en la investigación. "Mario López Herrera tiene responsabilidades directas en las irregularidades cometidas. Cuando mi hija desapareció él era el inmediato superior del jefe de Policía", aseveró.
También mostró su desagrado por la tensión política que generó la decisión de interpelar al ministro López Herrera. "Me parece escandaloso que haya un escándalo por este tema", manifestó.
Amplían datos para un juicio
El dirigente justicialista Enrique Romero ratificó y amplió ayer sus argumentos en el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad Ciudadana, Mario López Herrera.
Romero consideró que al funcionario le corresponde el enjuiciamiento por "negligencia en el cumplimiento de las funciones a su cargo, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por haber incurrido en actitud que afecta su credibilidad y confianza".
El titular de la junta departamental del PJ hizo alusión principalmente al caso de la muerte de Paulina Lebbos. "La falsificación del acta de testigo en la comisaría de Raco se realizó cuando el ahora ministro era subsecretario de Seguridad y hasta la fecha no ha tomado medida administrativa alguna", afirmó.
Además, agregó cuestionamientos sobre el funcionamiento del penal de Villa Urquiza, donde se registraron -dijo- 43 fugas y 14 muertes desde diciembre de 2003 hasta marzo de este año.
DICHOS Y HECHOS
CENSURA EN LOS MEDIOS I- El período de manifestaciones generales de la sesión legislativa de ayer sirvió para que los opositores cargaran tintas contra la política de medios del Gobierno. Alejandro Sangenis (MP3) cuestionó el dinero que maneja la publicidad oficial; la censura al programa "Periodismo con Opinión" y el decomiso de equipos de la emisora del ex secretario de Información Pública Ariel Fernández. En el mismo sentido que Sangenis se manifestaron Pedro Stordeur (Recrear), quien acusó al Poder Ejecutivo de censurar a los periodistas a cambio de pautas publicitarias, Carlos Canevaro (FR), Rodolfo Danesi (CI) y José Cano (UCR).
CENSURA EN LOS MEDIOS II- Sangenis denunció en el recinto que la Legislatura acaba de archivar el proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, impulsado por la peronista Beatriz Avila. "No podemos hacerlo ante un gobernador que pide el derecho de réplica pero censura a los opositores", aseveró.
PUERTAS CERRADAS.- En un hecho que no ocurre habitualmente, el vicegobernador, Fernando Juri, abrió la reunión con los palcos vacíos y sólo se habilitó el ingreso del público cuando se había abierto el período de homenajes. La decisión obedeció, aparentemente, al temor de que se produjeran incidentes, temor que fue disipado cuando en su mayoría las butacas fueron ocupadas por personas cercanas al vicegobernador y por empleados legislativos. Alberto Lebbos se sentó en la primera fila, junto a una de sus hijas, y mostró un cartel con la foto de Paulina.








